La Audiencia saca a subasta bienes del ex alcalde José Luis Vega

La Audiencia de Sevilla ha ordenado sacar a subasta pública un piso y un vehículo del que fuera alcalde de La Algaba José Luis Vega (IU), para hacer frente al pago de una multa de 90.000 euros que le fue impuesta en la sentencia que le condenó a dos años y medio de prisión por un delito de cohecho. En una diligencia, el secretario de la Sección Primera de la Audiencia ordena sacar a subasta pública una vivienda y el turismo del ex regidor, al tiempo que rechaza levantar el embargo que se decretó sobre estos bienes.

El mismo tribunal ha denegado la solicitud de José Luis Vega, que está en prisión desde abril de 2014, de fraccionar el pago de la multa de 90.000 euros a una cuota mensual de 100 euros, lo que supondría que tardaría en completar el pago 75 años. En un auto, los magistrado recuerdan que la Fiscalía se ha opuesto a ese fraccionamiento porque la cuantía propuesta "es muy reducida, ya que prolongaría excesivamente el cumplimiento de la referida pena".

De la misma forma, la Audiencia ha llegado a la conclusión de que pagar la multa en esas cuotas "dilataría en el tiempo el plazo fijado en el artículo 50.6 del Código Penal", que establece un máximo de dos años.

Los hechos por los que fue condenado José Luis Vega se refieren al intento de cobrar a varios empresarios una comisión de 60.000 euros a cambio de la concesión de una licencia. La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia le impuso además de la pena privativa de libertad su inhabilitación por siete años y medio.

El tribunal condenó también al ex concejal algabeño Antonio Muñoz Molina a nueve meses de prisión, cuatro años y medio de inhabilitación y el pago de una multa de 67.000 euros como cómplice de cohecho.

El caso se remonta a los acuerdos de la junta local de gobierno del Ayuntamiento de 8 de abril y 19 de mayo de 2005, por los que se concedieron sendas licencias urbanísticas a la empresa Arcopro para la construcción de viviendas en una promoción denominada Hoyo Barrero.

En diciembre de 2007 y mayo de 2008, la promotora solicitó la reforma de los proyectos de obra y posteriormente solicitó licencia de primera ocupación, que fue rechazada por el alcalde. El 16 de julio de 2008, las licencias fueron concedidas mediante dos decretos de Alcaldía y con el informe desfavorable de la oficial mayor del Ayuntamiento de La Algaba.

El cambio de posición, según sostuvo la Fiscalía en el juicio, vino motivado por que Vega "había solicitado a Arcopro, de forma indebida y con ánimo de lucro propio, 60.000 euros, cantidad rebajada con posterioridad a 30.000 euros".