El Ayuntamiento de Alcolea del Río ha abierto un expediente para dar de baja en el padrón municipal a la familia de cabreros que ha perdido la mitad de su rebaño. Los cabreros Javier Zamora y Rocío Pradas denunciaron la muerte de 47 de sus animales que se envenenaron al comer hierba recién fumigada cuando pastaban en una vía pecuaria del pueblo. El Consistorio ha enviado a la Policía Local para que constate que la familia no reside en la vivienda en la que está empadronada y tramitar su baja del padrón.

Los cabreros sostienen que sufrieron hace un tiempo una inundación en su vivienda de Alcolea, en la que siempre han residido. Rocío Pradas es, además, natural del municipio y sus hijos han vivido allí desde que nacieron. Viendo que la casa no estaba en buenas condiciones para vivir tras la inundación, y sobre todo por el peligro que suponía para sus hijos, los cabreros decidieron mudarse temporalmente a una vivienda que le habían cedido unos amigos en Villanueva del Río y Minas. Es ahí donde residen ahora mientras arreglan su casa.

Javier Zamora, con una chiva superviviente.

La tramitación de la baja en el padrón se produce precisamente unos días después de que trascendiera la muerte de las cabras. La Policía Local, que no acudió cuando el matrimonio llamó después de ver a un tractor fumigando en la vía pecuaria unos días después de que perecieran los animales, sí que lo ha hecho para elaborar un informe en el que se constata que no reside nadie en la vivienda de la familia. 

Rocío Pradas ha manifestado a este periódico que no entiende la persecución de la que está siendo objeto por parte del Ayuntamiento de Alcolea. "Nos quieren echar del pueblo, como si hubiéramos cometido un delito. No sé qué nos puede acarrear esto. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido denunciar lo ocurrido, con el objetivo de que no le pase a nadie más", ha explicado Pradas, que está ahora en la fase de presentar alegaciones. 

La Asociación de Defensa de los Caminos Públicos (Asedeca) ha salido en apoyo de los cabreros y ha denunciado las represalias contra los cabreros por haber hecho público el caso del envenenamiento de los animales tras una "fumigación irresponsable y fuera de control de una vía pecuaria".

El alcalde de Alcolea del Río, Carlos López (PSOE).

El alcalde de Alcolea del Río, Carlos López (PSOE), ha negado que esté tomando represalias contra la familia y asegura que simplemente está cumpliendo con la legalidad en todo momento porque la "Policía Local ha constatado que la familia lleva meses viviendo fuera de la localidad", que puso el caso en manos de su concejal de Medio Ambiente y que colaborará con la Junta en la investigación del asunto. 

Mientras la Guardia Civil y la Junta investigan lo ocurrido y tratan de averiguar quién ordenó la fumigación de las vías pecuarias de Alcolea, el asunto ha llegado al Parlamento de Andalucía de la mano de la diputada Mari García, de Adelante Andalucía, con el consiguiente eco mediático. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, anunció que la Junta va a "seguir hasta el final" con el expediente del caso, si bien está todavía a la espera de reunir toda la información. 

En esa respuesta, la consejera dijo que sólo tenía constancia de la muerte de cuatro animales y de que había hierba en la vía pecuaria, lo que no cuadraba con que hubiera existido una fumigación con herbicidas o productos fitosanitarios. Desde Asedeca pidieron a la consejera que no se fiara de sus técnicos, "que son incapaces de distinguir lo que cualquier profano identifica como hierbas fumigadas con herbicidas", y constataron que la declaración de bajas hecha por el cabrero era de 45 animales más dos cabras pequeñas que murieron después.