La Junta de Andalucía está investigando la muerte de las 47 cabras envenenadas en Alcolea del Río a finales del mes de enero. Así lo ha confirmado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en una respuesta a las preguntas parlamentarias formuladas por la diputada de Adelante Andalucía Mari García.

La consejera explicó que la Junta va a “seguir hasta el final” con el expediente de este caso, si bien indicó que está todavía a la espera de reunir toda la información. Así, se ha pedido al responsable de la explotación que haga un censo de los animales que tiene, algo que ya está en marcha por parte de los dueños del rebaño. La consejera expuso que de momento tiene constancia “sólo de la existencia de cuatro cadáveres” y no de los 47 animales que murieron presuntamente tras comer hierba recién fumigada en una vía pecuaria de Alcolea del Río.

Crespo indicó que no hay tampoco constancia de que nadie haya pedido autorización para utilizar herbicidas en esta vía pecuaria, la Cañada Real Soriana, donde pastan habitualmente las cabras de este rebaño, del matrimonio formado por Javier Zamora y Rocío Pradas. La consejera garantizó que la Junta no utiliza productos fitosanitarios y que recurre habitualmente al desbroce para eliminar matorral, a pesar de que esta sea una práctica menos duradera en el tiempo y que necesite más medios. Sin embargo, se asegura así que no se causan daños a los animales y vegetales en las zonas de tránsito ganadero.

A pesar de ello, Crespo añadió que el uso de herbicidas en vías pecuarias no constituye una infracción, salvo que ocurra como en el caso de Alcolea del Río, donde han muerto no sólo las 47 cabras, sino también otros animales. “El expediente está abierto, se está investigando y puede haber sanción”, dijo Crespo. Al mismo tiempo, el caso está siendo investigado por el Seprona de la Guardia Civil para averiguar quién ordenó la fumigación.

La diputada de Adelante Andalucía que llevó el caso al Parlamento de Andalucía pidió a la Junta que ayude o indemnice de alguna forma a los cabreros. “No puede pagar las consecuencias de esta negligencia esta familia, que se ha quedado sin nada, ¿de qué va a vivir? Hace falta indemnizar a esta familia por sufrir las consecuencias de la falta de vigilancia de la Consejería”, dijo la parlamentaria Mari García.