Los representantes del CSIF y de CCOO en el Opaef (Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal) han dirigido un escrito al presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, en el que le solicitan que tome medidas contra el "ambiente social irrespirable" que se vive en el ente, por las políticas de personal de las que responsabilizan al gerente, Juan Francisco González, al jefe de Recursos Humanos, José Suárez Harana, y al adjunto a la Gerencia, Víctor Rodríguez.

Los responsables del CSIF subrayan que estas personas "vienen ejecutando una política encaminada a beneficiar a personas afines y crear una red clientelar" y que, por contra, amenazan -CSIF habla de una "campaña de acoso y derribo"- a los representantes sindicales que intentan fiscalizar, denuncian anomalías o reclaman información. Es el caso -subrayan, que se une al de otros representantes de CCOO- del delegado de CSIF, Pedro Nogueroles, al que se le ha reabierto un expediente disciplinario con amenaza de despido que ya fue archivado en una ocasión, según explican el propio Nogueroles, el presidente provincial del CSIF, Rosendo Martínez, y el responsable de Administración Local, Miguel Ángel Sáenz.

En el escrito dirigido a Villalobos, que no ha tenido respuesta, se hace una relación de los múltiples frentes que ese equipo del Opaef tiene abiertos en los juzgados por su gestión y relacionados con nombramientos de directores de oficinas sin que cumplan los requisitos, anomalías al gestionar las bolsas (hay una ex secretaria de Antonia Hierro, que ahora reclama una indemnización al organismo de 150.000 euros, y una sentencia que ha obligado a readmitir a otra); la denuncia que ha presentado la propia Fiscalía por ocultar escritos de CCOO y CSIF alertando de anomalías en los repartos de productividades o incentivos; o la negativa a dar a los sindicatos un informe de la Universidad de Sevilla sobre la organización en el que se gastaron 53.000 euros y que se tacha ahora de "obsoleto".

Según CSIF, hay varias sentencias que han condenando al organismo a indemnizar al sindicato por ocultarle información, un dinero que sale de los contribuyentes y por lo que han empezado a poner demandas contra sus responsables. A raíz de ello -insisten- se ha recrudecido el "acoso".