Fraude en el Consorcio Estepa-Sierra Sur

El juez rechaza los recursos e insiste en archivar la causa contra el alcalde de Casariche

  • Los recursos que presentaron la Fiscalía, IU y el PP irán ahora la audiencia provincial

  • En un nuevo auto insiste en que el informe pericial caligráfico cuestiona las firmas del ex presidente en los documentos claves

El presidente del Consorcio entre 2014 y 2019, Basilio Carrión.

El presidente del Consorcio entre 2014 y 2019, Basilio Carrión. / D. S.

El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepa ha rechazado los recursos que tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares de IU y el PP presentaron en contra de su decisión de decretar el archivo y el sobreseimiento provisional de la causa que se sigue contra el alcalde de Casariche, el socialista Basilio Carrión, por su relación con el presunto fraude cometido en el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur cuando él fue presidente, entre 2014 y 2019.

En un nuevo auto, del pasado 31 de mayo, el juez recuerda que se debe decretar el sobreseimiento cuando no resulta debidamente justificada la perpetración de delito o, aún existiendo éste, no hay motivos par acusar a determinada persona.

También subraya que el dolo “requiere conocimiento y voluntad”, que no aprecia en este caso. De nuevo, se basa fundamentalmente en la prueba pericial caligráfica que cuestionó que Carrión fuera el verdadero autor de las firmas en los documentos claves del caso: los contratos de 2016 y 2018 entre el Consorcio y Magno Ambiental del Levante (la empresa controlada por el secretario y el jefe de planta) y el certificado de relaciones contractuales entre los dos entes.

Así, destaca que si realmente el entonces presidente “entendió y consintió la asignación de los contratos no se alcanza a entender la necesidad de falsificar en ellos la firma”. Por otro lado, el juez señala que si no se siguió el proceso que exige la Ley de Contratos del Sector Público es algo que se debe denunciar por la vía administrativa o en el contencioso administrativo, pero no con la vía penal.

En cualquier caso y al tratarse de recursos de reforma y subsidiarios de apelación, irán a la Audiencia Provincial de Sevilla, que deberá pronunciarse también sobre el archivo.

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