Cualquiera que en los últimos meses haya visitado Cazalla de la Sierra podría haber tenido la sensación de estar en uno de esos municipios catalanes salpicados de lazos amarillos. Es el color de las pancartas que, sin nada que ver con “presos políticos”, se han colocado para reclamar que, uno de esos pueblos que tienden al envejecimiento –en unos años, se estima que el 40% de la población habrá superado la edad de jubilarse–, mantenga abierta la residencia de ancianos. Desde los años 70, funcionaba la de la Diputación, que tenía en Cazalla una de sus tres residencias de la provincia, junto a las de Marchena y la capital. Pero el edificio cedido por el Ayuntamiento no superó en 2013 la auditoría de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. En 2015 salieron los últimos residentes. Los pasillos son demasiado estrechos y otras barreras hacían imposible la adaptación arquitectónica, según se ha insistido a los vecinos, que no se han conformado.

Ahora, la Plataforma Pro Residencia de Mayores de Cazalla, constituida en agosto de 2017 aunque venía haciendo gestiones antes, ha dado un voto de confianza al compromiso de las administraciones para garantizar que los mayores que no puedan permanecer en sus casas, no pierdan del todo sus vínculos con Cazalla. Según ha confirmado el alcalde, Sotero Martín (PSOE), hay dos empresas privadas interesadas en construir un nuevo centro, la solución que se considera más factible. Iría sobre una parcela municipal anexa a la residencia, que se sacará a concurso público.

En esta propuesta habrían participado, además del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta, porque para que el proyecto sea viable es necesario el compromiso de un concierto de plazas. La inversión estimada rondaría los 2,5 millones de euros.

El colectivo que lucha porque Cazalla tenga residencia – “hoy por ellos, mañana por nosotros”, es su lema– , anuncia que permanecerá vigilante porque no está dispuesto a que “servicio asistencial esencial” se pierda. Se han recogido más de 2.000 firmas de apoyo.

Está previsto que en el Pleno que celebra esta tarde en el Ayuntamiento se dé un primer paso para todo el proceso que queda por delante. Se aprobará la solicitud de la reversión de los terrenos a la Diputación, que a su vez tendrá que aceptarla. Hay que sacar el concurso, adaptado a una nueva ley de contratos públicos que es más exigente.

Aún así, el regidor –que insiste en que pese a la sensación que han tenido los vecinos, no se ha dejado de trabajar en buscar alternativas– confía en que la nueva residencia pueda estar abierta en 2020, con capacidad para entre 35 y 40 plazas.

Representantes de la Junta, de la Diputación y del Ayuntamiento trasladaron la propuesta a la Plataforma Pro Residencia de Mayores, en una reunión el pasado fin de semana. Según la entidad, se habrían comprometido a que al menos 30 plazas sean concertadas y a que el proyecto se “dejará atado” antes de las elecciones municipales, para que éstas “no alteren el compromiso”. El colectivo cree que, ahora sí, hay una “respuesta positiva” y una “voluntad seria de arreglar la situación”. La plataforma ha agradecido al pueblo de Cazalla la movilización, como también hace el alcalde, quien lamenta sólo cierta utilización política del caso.

En este sentido, recuerda que la reforma local –Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local– impedía que el Ayuntamiento asumiera el servicio y que las leyes de estabilidad presupuestaria limitan que la Diputación asuma directamente la inversión.

En cuanto al edificio de la residencia, se mantiene el proyecto anunciado por la Diputación de convertirlo en un centro de día comarcal para discapacitados mayores de 21 años, que ahora acuden a Llerena (Badajoz). El Ayuntamiento ejecutará la obra, con fondos del Plan Supera del organismo. Como “centro multifuncional”, seguirá albergando también talleres para mayores, sedes de asociaciones y el Centro de Información a la Mujer, entre otros servicios.