La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA dictó un auto el 3 de noviembre en el que estima el recurso de Ecologistas en Acción y suspende de forma cautelar la aprobación definitiva del acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, por el que dio su visto bueno a la tercera modificación del plan especial de la actuación minera de Cobre Las Cruces, publicado en el BOJA el pasado 25 de febrero de 2020.

Según Ecologistas en Acción, esta suspensión, en contra del criterio que mantenía la Junta, implica la paralización de todas las obras y movimientos de tierras que se hayan podido iniciar, así como de las licencias que haya podido otorgar el Ayuntamiento de Salteras, en cuyo término van las instalaciones de la nueva planta industrial del PMR (Polymetallurgical Refinery), para transformar zinc, plomo y plata de las nuevas reservas que hay bajo la actual corta y que todavía no ha obtenido la Autorización Ambiental Integrada (AAI).

En el procedimiento de información y participación pública, Ecologistas en Acción ha puesto de manifiesto la medida cautelar adoptada por el TSJA.

Por su parte, la empresa ha señalado que, aunque corresponde a la Junta una valoración sobre la cuestión, considera que la resolución judicial no tiene ninguna afección práctica, ni sobre la operación actual ni sobre el futuro proyecto minero.

"Se continúa trabajando en la tramitación de los permisos del proyecto PMR de mina subterránea y refinería polimetalúrgica con el objetivo se poder poner en marcha este gran proyecto industrial para Sevilla y Andalucía, que representará más de 500 millones de euros de inversión y al menos 15 años más de actividad y empleo", añade Cobre las Cruces.

Sin embargo, Ecologistas en Acción cree que “debería implicar como mínimo el replanteamiento de su ubicación” en base a los informes técnicos que se realizaron tras el derrumbe en parte de la corta, en 2019. En esos informes se detallaba la posible inestabilidad de las escombreras debido a las filtraciones de aguas de lluvia y a los desvíos de arroyos realizados dentro del complejo minero desde 2005.

Ecologistas señala que la nueva planta industrial del PMR supone una importante regresión ambiental, ya que pretende usar el “clásico sistema de flotación que incrementa notablemente las afecciones en materia de aguas”. También aumentará el consumo de aguas subterráneas para uso industrial, incumpliendo los objetivos establecidos en el vigente Plan Hidrológico del Guadalquivir para las masas de Gerena y de Guillena-Cantillana.

La sentencia llega cuando se ha empezado a negociar el ERE que afectará a 200 de los 230 trabajadores del complejo minero, mientras que la empresa sigue tramitando los permisos para esa nueva explotación ya con una mina subterránea.