Condenado por construir un chalé en terreno no edificable

Un vecino de Castilblanco de los Arroyos ha sido condenado a un año y siete meses de cárcel por construir un chalé en una parcela no urbanizable. El acusado por su parte afirmó que el propio alcalde de la localidad le había instado a terminar las obras.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 explica que el acusado R.E.C. compró en 1995 una parcela en la Dehesa de las Minas, donde poco después empezó a construir un chalé sin haber solicitado licencia "y a sabiendas de la prohibición de edificar".

Según explica la sentencia, más tarde, el 2 de noviembre de 2003, el alcalde de Castilblanco de los Arroyos dictó un decreto de paralización, que fue notificado personalmente al acusado para que detuviera las obras iniciadas. Sin embargo, aunque conocía la existencia del decreto, éste continuó las obras de forma que en una inspección de diciembre de 2006 se constató que ya había levantado una vivienda de 120 metros cuadrados.

En el chalé, además de la vivienda, el acusado había construido un trastero, cimentación de 30 metros cuadrados para la consiguiente construcción de un porche, un pozo para extraer agua y una fosa séptica conectada a la cocina y a los dos baños de la casa.

La sentencia considera demostrados los delitos de desobediencia y contra la ordenación del territorio que se le atribuyen al acusado, ya que él mismo en sus declaraciones ante la Guardia Civil, reconoció que no paralizó las obras "porque el alcalde les ha dicho que pueden seguir construyendo y en las reuniones que han mantenido con él les ha dicho que las casas que están empezadas las pueden acabar", según reza el atestado.

La desobediencia es calificada como delito y no como falta por su "especial gravedad", pues el acusado continuó la construcción que estaba ejecutando "pese al decreto de la Alcaldía que le ordena de forma concreta la inmediata paralización de las obras referidas", además de requerirle "para que en el menor plazo posible restablezca la situación original de la zona, demoliendo lo construido", dice la juez.

La sentencia tampoco acepta la alegación del acusado de que el presunto delito estaba prescrito al haber transcurrido más de tres años desde el decreto de paralización.

Ésta fue una de las numerosas causas abiertas por la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla contra propietarios de la urbanización Las Minas, asunto por el que también ha sido procesado el ex alcalde Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda) por "consentir y tolerar" esas construcciones ilegales en terreno no urbanizable.