La Diputación impulsa otro consorcio para el tratamiento de los residuos

Servicios públicos

Las mancomunidades que operan en el Aljarafe y en Los Alcores se han adherido al ente, que buscará alternativas para la planta de Montemarta, donde vierte la capital.

Una fotografía de archivo de la planta de Montemarta-Cónica, en término de Alcalá de Guadaíra.
Trinidad Perdiguero

27 de septiembre 2012 - 05:01

La Diputación de Sevilla quiere impulsar un proceso de unificación y coordinación de los sistemas de tratamiento de la basura similar al que intenta desde hace años, con pocas concreciones hasta ahora, con los sistemas de agua. El primer paso se dio ayer con la constitución de la junta general y el consejo de administración del Consorcio Central de Residuos Sólidos Urbanos, en el que se han integrado la Mancomunidad del Guadalquivir, que gestiona el servicio en 27 municipios del Aljarafe, y la de Los Alcores, con seis ayuntamientos, entre ellos los de la capital, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra. En ambos casos depositan sus residuos en la planta de Montemanta-Cónica, en Alcalá de Guadaíra.

Al ente se han adherido además los ocho municipios sevillanos que gestionaban su basura a través de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, en proceso de liquidación, y que por el mal estado de los vertederos de Utrera y Lebrija están depositando en la planta alcalareña. En total, 1,2 millones de habitantes y 611.000 toneladas de residuos. El objetivo inmediato del consorcio -que nace con "consenso político", plasmado en tres vicepresidencias: una para el PSOE, otras dos para el PP e IU- es buscar "la mejor solución" para la planta de tratamiento de Montemarta, bien "planificando tecnológicamente" su funcionamiento para que el volumen de residuos que queden para ser enterrados sea mínimo (gracias a la reutilización y reciclaje) o bien ampliándola. La intención es que sea el propio Consorcio el que asuma la gestión de la planta cuando venza el contrato en vigor con una empresa, en 2015.

Pese a lo llamativo de que se cree otro consorcio -el presupuesto de partida de 250.000 euros- cuando se cuestiona el peso de la administración, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, recordó que la gestión de la basura es una de las competencias que los ayuntamientos tienen atribuida por ley y que un "ente instrumental" es la forma más eficaz de cumplir con las directrices europeas sobre residuos: más reutilización, reciclaje, recuperación y revalorización, junto al objetivo de producir energía con los mismos, potenciando una industria en este sentido, dijo. Está previsto que el gerente de la Mancomunidad del Guadalquivir asuma esa labor en el consorcio. El vicepresidente ejecutivo será José Román (edil de Fiestas y Servicios en Dos Hermanas). El alcalde de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez, ocupa la vicepresidencia del PP y Antonio Cotano, de Isla Mayor, la de IU.

Para defender su puesta en marcha, el PP puso el acento ayer en que es el primer paso para la "fusión" de mancomunidades y evitar "duplicidades". Pero ese paso no está previsto de forma inmediata. Las mancomunidades seguirán funcionando, con su organigrama de cargos, aunque "encomendando" la gestión del tratamiento de la basura al ente. Fuera quedarán tres plantas de tratamiento y con sus respectivos consorcios.

Acuerdo con la plantilla y la bolsa de horas, en suspenso

La diputada de Recursos Humanos de la Diputación de Sevilla, Carmen Arciniega, anunció ayer que los responsables del área del Empleado Público y las centrales sindicales de la institución provincial han llegado por "unanimidad" a principios de acuerdos en diversas cuestiones tratadas. En concreto, ambas partes han llegado a entendimientos en relación a los permisos concedidos a la plantilla y recogidos en el convenio colectivo de la Diputación, respetando los márgenes legales establecidos por el real decreto Ley 20/2012 de racionalización y reordenación del sector público. Otro de los puntos donde la negociación ha sido "fructífera" versa en torno a la aplicación de la bolsa de 106,5 horas porque, de momento, queda "suspendida" la resolución dictada a efectos del 1 octubre.

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