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Ecologistas acusa a la empresa que controló la mina de ocultar los fallos

  • Asegura que Frasa, encargada también de diseñar el sistema para la extracción del agua, no informó a la CHG · Más de medio millón de m3 se sacaron de forma "ilegal"

La empresa Frasa Ingenieros Consultores "ocultó" a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "durante más de 18 meses los graves daños al acuífero Niebla-Posadas" provocados presuntamente por la construcción de la mina Las Cruces, un proyecto que se ejecutaba hasta hace un año en los términos municipales de Salteras, Guillena y Gerena y que se encuentra paralizado desde mayo pasado por orden de la CHG.

Ecologistas en Acción hizo público ayer un comunicado en el que lanza dichas acusaciones a la vista de los más de 1.500 folios de documentación que componen las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 19 de Sevilla a instancias de la Fiscalía de Sevilla, que en septiembre pasado presentó una querella contra los responsables de la explotación.

Ecologistas, que ejerce la acusación particular en estas actuaciones, sostiene que Frasa fue no sólo la encargada de diseñar la red de pozos mediante los que se debía drenar el agua existente sobre el mineral y reinyectarla a unos kilómetros de distancia, sino también la responsable de llevar a cabo las tareas del hidrogeólogo residente de la mina, función que, según la citada asociación, le obligaba a informar a la CHG de cualquier incidencia en la explotación, pero "no lo hizo".

La denuncia de Ecologistas apunta directamente al presidente de Frasa, Rafael Fernández Rubio, catedrático emérito de ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid y cuya empresa fue contratada por la concesionaria de la mina, Cobre Las Cruces (CLC), dependiente de la multinacional Inmet Mining.

"Según la autorización del sistema de drenaje-reinyección del agua, el hidrogeólogo residente es responsable del autocontrol de las operaciones, garantiza el cumplimiento de la autorización y del proyecto de CLC, y tiene que comunicar inmediatamente a la Administración las desviaciones que se produzcan, tanto en las instalaciones como en las actividades. En definitiva, el hidrogeólogo residente debía ser los ojos de la CHG dentro de las Cruces", apunta Ecologistas.

"En mayo de 2005 -añade la asociación- Frasa ocultó a la CHG durante más de 18 meses los graves daños al acuífero Niebla-Posadas que estaba produciendo la mina de Las Cruces". La razón apuntada por Ecologistas es que su doble condición como responsable del diseño de la red de pozos e hidrólogo "no garantizaba la necesaria independencia para realizar sus funciones ante la Administración".

El relato de los hechos realizado por Ecologistas indica que el sistema de pozos comenzó a fallar desde su puesta en funcionamiento, en julio de 2006, pero que Frasa no informó a la CHG de ello hasta el 30 de octubre de 2007. "Tampoco informó de las modificaciones que CLC había introducido en el proyecto, ni de que los distintos medidores de caudales, piezometría, etc, de los sondeos estaban sin precintar y sin homologar, lo que facilitaba su posible manipulación", indica Ecologistas.

La asociación hizo también público un informe, incluido en las actuaciones, en el que la CHG valora que todos esos fallos provocaron una "detracción ilegal" de 519.836,31 m3 de agua del acuífero entre mayo de 2006 y abril de 2008.

En junio de 2007, la CHG requirió a CLC que designase una persona física, con presencia continuada en la mina, para desarrollar las labores de hidrogeólogo residente, una petición que, siempre según Ecologistas, no fue atendida hasta cinco meses más tarde, cuando "a propuesta de Frasa" se designó a una geóloga -cuyo currículo laboral se reducía a seis meses de prácticas como técnica en geología- "para hacerse cargo del control hidrogeólogico de un sistema de una complejidad técnica extrema, en la mina a cielo abierto más grande de Europa".

Para Ecologistas, el plan presentado por CLC para reanudar la actividad -pendiente de publicación y de autorización administrativa- "constituye un auténtico fraude de ley, en tanto que su aplicación conllevaría la revisión encubierta de todas las autorizaciones sustantivas de este proyecto, la Declaración de Impacto Ambiental, la Autorización Ambiental Integrada y las concesiones de aguas y de vertidos".

Un portavoz de CLC declinó ayer hacer comentarios sobre las afirmaciones de Ecologistas y los intentos por contactar con Fernández Rubio no fructificaron.

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