"Es un hecho absolutamente fortuito". Con esta frase, que no deja lugar a especulaciones, el máximo responsable de la Guardia Civil en la provincia, el coronel de la Comandancia de Sevilla, Juan Roldán, se refirió ayer a las conclusiones del informe elaborado por expertos en incendios y la Policía Judicial sobre el fuego que, el 5 de septiembre, afectó al archivo del Ayuntamiento de Los Palacios. No fue intencionado, pese a las coincidencias que se dieron (una falsa alerta que alejó a la Policía Local hasta una pedanía, el incendio de tres contenedores y una limpiadora que describió un ruido de rotura de un cristal en el archivo antes de ver las llamas) y que alentaron al alcalde, Juan Manuel Valle, de la coalición de Izquierda y Progreso-Izquierda Unida, a apuntar a que habría sido provocado.

El origen, según el jefe de la Guardia Civil en Sevilla, estuvo en los "compresores" del "aire acondicionado" y en una "máquina que funciona mal y provoca el incendio, absolutamente -reiteró- fortuito". Los resultados de las pruebas los tiene la "autoridad judicial" desde hace "bastante semanas", añadió.

Roldán hizo público estos datos al ser preguntado sobre el asunto, cuando asistía con la subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero, a la firma de un convenio en la Diputación. Sus palabras sorprendieron, porque, a pesar de que ya se había publicado la posibilidad de que el fuego fuera accidental, fuentes oficiales de la Guardia Civil habían aclarado después que el informe no estaba ni siquiera terminado y no había conclusiones certeras.

El Ayuntamiento palaciego tampoco tenía hasta ayer mismo -según se insiste desde el gobierno municipal- ninguna información oficial, pese a ser parte afectada y denunciante, personada en el juzgado, que había decretado el secreto de sumario.

El PSOE palaciego y en particular su secretario local y ex alcalde, Antonio Maestre, habían amenazado con querellas al haberse sentido aludidos cuando Valle afirmó que los indicios apuntaban a un incendio intencionado. El fuego se produjo el mismo día que trascendió que la Fiscalía investigaba a Maestre, y a otros dos cargos socialistas durante su gobierno, por irregularidades en contratos y en la compraventa de terrenos con la sociedad municipal Idelpa, imputándoles por tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos e instando a bloquear sus cuentas e investigar su patrimonio.

Parte de la documentación que el nuevo gobierno local usó para denunciar ese caso y otros que están al juzgado ha quedado destruida en el incendio, en el que los papeles más recientes de Intervención, Secretaría y Recursos Humanos fueron los más afectados. La documentación histórica se ha salvado en un 70%. Pese a todo, los originales compulsados de esa documentación ya los tiene la Fiscalía y se trata de expedientes que pueden estar también en otras administraciones o soportes informáticos. No supondrá pues el final de la investigación judicial. Tampoco de la polémica.