Las iniciativas de Fidel Romero, alcalde por IU en La Roda de Andalucía, que tienen que ver con situaciones que van más allá de la gestión puramente local son conocidas. En 2012, pidió a la Fiscalía que investigara si es delito que los supermercados tiren comida en buen estado en plena crisis, en un caso que se archivó. Otra de esas iniciativas fue la moción, que se aprobó por unanimidad en el Pleno en 2014, por la que el Ayuntamiento de La Roda decía sumarse "a la campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel, de forma que no fomentará intercambios de tipo económico, institucional, académico y cultural con Israel, hasta que no se cumplan las resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas y el derecho internacional, finalice la ocupación de los territorios palestinos...".

En pleno conflicto, con miles de muertos y heridos en la zona, el escrito se hizo llegar a las embajadas de Israel y Palestina en España, además de a la Junta, al Estado y al Parlamento europeo y podría haber quedado en papel mojado, como tantas mociones que se llevan a los ayuntamientos sobre conflictos internacionales. Pero ha sido contestada ahora por un ciudadano, que se identifica como judío residente en España, que en defensa de los intereses del Estado de Israel, ha interpuesto una demanda por amparo de los derechos fundamentales de la persona, instando a los tribunales a que anulen el acuerdo y lo dejen sin efecto. Su recurso se está tramitando en un juzgado de lo contencioso-administrativo de Sevilla.

El Ayuntamiento de 4.200 vecinos se niega a rectificar y pide el "amparo" a la ONU

El gobierno local de este municipio de poco más de 4.200 vecinos convocó una rueda de prensa ayer para informar de la peculiar situación. No quiso facilitar la demanda completa con las razones que aporta este ciudadano. Sí precisó que el contencioso se interpuso el 6 de octubre, en Sevilla, y se notificó hace unos días al Consistorio, que se ha opuesto en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 10 de Sevilla a las medidas cautelares que se solicitaban para anular el acuerdo. "El Ayuntamiento tiene derecho a decidir de dónde, cómo y en qué se gasta su dinero, los ayuntamientos tienen la obligación moral con las leyes internacionales y los Derechos Humanos", insiste el gobierno local.

Belén Botella, delegada de Asuntos Sociales, cree que, más allá de la iniciativa de un ciudadano que ni siquiera reside en Israel -dice-, la demanda forma parte de una campaña mayor para defender los intereses de Israel en el mundo. El Ayuntamiento reconoce que esa moción fue la primera que se aprobó pidiendo el boicot comercial y económico al país por los ataques al pueblo palestino, aunque luego vinieron más, unas 70, de otros municipios e instituciones.

Ante el peculiar contencioso, el Ayuntamiento va a pedir "el amparo del Ministerio de Exteriores". También ha instado a la Junta "a respaldar su decisión" y a remitir al juzgado que lleva el caso "toda las mociones que han llegado al Parlamento andaluz apoyando las sanciones contra Israel". Va a solicitar además una reunión y pedir "el amparo a los representantes de la ONU en Madrid, "sin descartar viajar a Ginebra" para hacerlo en persona.