El Museo Arqueológico de Osuna acumula ya un mes cerrado, después de que fuera precintado dentro de la investigación abierta –por el equipo de patrimonio histórico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– por presuntas irregularidades en la procedencia de determinadas piezas expuestas.

Fuentes municipales confirmaron a Europa Press que la situación del museo es la misma que cuando fue clausurado el pasado 22 de enero por la Guardia Civil. Aún no se ha trasladado al Ayuntamiento una previsión sobre la fecha en la que puede ser reabierto este centro turístico de la localidad. Las instalaciones continuarán de momento cerradas, sin visitantes y sin trabajadores.

El cierre fue ordenado en la tarde del 22 de enero por el juzgado de Instrucción 1 de Osuna, que también decretó el secreto de las actuaciones en las que se pretende determinar si las piezas tienen un origen lícito o fueron adquiridas en el mercado negro donde se mueven redes profesionales en la compra-venta de arte. En este marco, se produjo el registro por parte de los agentes de la Guardia Civil del propio museo y de la vivienda de su director, que declaró como investigado.

El Ayuntamiento ursaonés mostró en aquel momento su “absoluta colaboración” y remitía toda la documentación en su poder que “acreditaría que el Patronato de Arte, que gestiona el espacio, dispone de un inventario de las piezas del museo”. El consistorio recordó que este patronato se creó en 1971. Se realizó un inventario de todas las piezas existentes en él por parte de un equipo de arqueólogos entre 2004 y 2005.

En aquel momento, ante la normativa de 2007, que regulaba estos aspectos patrimoniales, se volvió a realizar una revisión del inventario por historiadores de arte y arqueólogos competentes en esta materia. Entonces se llevó a cabo una tasación de toda la colección del Museo Arqueológico por parte de un conservador restaurador de bienes culturales.

De esta forma, se obtuvo un catálogo de las 450 piezas que contenía, “todas detalladas con una fotografía ilustrativa y con la ficha identificativa, en cumplimiento de las normas que establecían el decreto de 2007, y por un valor de 121.015 euros”. Esta información fue trasladada en su momento para su inclusión a la Administración del Estado y a la Junta de Andalucía.