El PP-A sigue respaldando a Sanz

Un día después de que la Audiencia de Sevilla le diera pie al Juzgado de Instrucción 8 para que remita al Supremo el caso de los informes de una frase en el Ayuntamiento de Tomares y que se pueda investigar la responsabilidad del alcalde y aforado José Luis Sanz, queda claro que el alcalde y senador del PP no va a renunciar al puesto y quiere optar a la reelección en mayo. Ayer volvió a recibir el apoyo del PP-A, a través de la vicesecretaria, Virginia Pérez, quien, en un acto convocado para denunciar la falta de medios de la Justicia, mostró su confianza en el edil. Sólo pidió celeridad para esclarecerlo todo, pero, dijo, "no hay nada que temer", están "completamente tranquilos" porque "confían totalmente" en su inocencia.

La Audiencia sólo ha estimado parcialmente el recurso de Sanz contra la decisión de remitir el caso al Supremo, matizando que debe ir acompañado de una exposición razonada. Se da por hecho, pese a que no será oficial hasta que esa exposición se redacte y se remita, que Sanz será investigado por las irregularidades en los pagos de más de 2.000 euros al mes que, durante varios años, se hicieron al hoy edil del PP Juan Campos, cuando se quedó a las puertas de entrar en el Ayuntamiento en 2007. Se hicieron en su mayor parte por unos informes de "especial complejidad", por los que facturaba 150 euros adicionales sobre un fijo, y que en su mayoría no superaban una línea o un párrafo y que la Guardia Civil cree además falsos en muchos casos.

Así y a las puertas de una campaña electoral, lejos de normalizarse la situación de un Consistorio marcado por las denuncias, se complica con otras nuevas. Hasta tres se han cruzado en las últimas 24 horas. El jueves, los tres grupos de la oposición denunciaron en el juzgado que no les habían facilitado, en vísperas de un pleno extraordinario celebrado ayer, los contratos relacionados, entre otros temas, con las empresas Fitonovo o Cofely, las de la operación Madeja y la Púnica, que existen en el Ayuntamiento. De esta forma, pretenden que sea "el juzgado correspondiente" el que los vea y aclare sus términos. Dado que no tenían los expedientes, el PSOE, IU y el PA abandonaron el Pleno, tras desplegar como símbolo de la falta de transparencia una pancarta de color negro.

El PP respondió apuntando después que remitirá alguna información que tiene sobe Fitonovo al juzgado, pero que es la portavoz socialista, Cristina Pérez, la que tiene que aclarar su relación con la empresa. Así, dijo tener "un apunte contable" sobre la relación entre el Ayuntamiento y Fitonovo cuando Pérez era la concejal de Medio Ambiente. Para el PP de Tomares, "podríamos estar ante un escándalo de grandes dimensiones", que se ha ocultado, ya que "se borraron todos los archivos informáticos municipales de la contabilidad pública anterior a 2005". En este sentido, recordaron que de 2007 y 2011, Pérez estuvo contratada por el PSOE en Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, epicentro de la operación Madeja, que investiga las dádivas que la empresa habría repartido entre funcionarios y otros cargos a cambio de contratos. Así, exigió a la edil que aclare qué contrato firmó con Fitonovo, por qué y por qué cuantía, si obtuvo algún beneficio personal y por qué fue contratada después en el Ayuntamiento de Sevilla". La edil, por su parte, invitó al PP a llevar al juzgado cualquier expediente que considere irregular, pero les recordó los suyos propios.

La tercera denuncia la interpuso la portavoz de IU, Valme Sánchez, ante la Policía Local, por lo que cree una "tergiversación intencionada" del auto de la Audiencia. Y es que la tesis del gobierno de que con él se deja al alcalde "fuera del caso", que ya expresó el PP en un comunicado, se colgó también en la web municipal y en un plasma que hay en la Oficina de Atención al Ciudadano en lo que cree un "lavado de imagen" e intento por "confundir a los ciudadanos".