La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó ayer el ingreso en prisión preventiva y sin fianza de los cuatro agentes de la Guardia Civil detenidos en Isla Mayor por su presunta colaboración con una banda de narcotraficantes. La juez titular del juzgado central de Instrucción número 3 tomó declaración a los agentes arrestados mediante una videoconferencia celebrada en los juzgados de Coria del Río. Al término de la declaración, los guardias imputados fueron trasladados a la cárcel.

La misma medida cautelar se dictó para los otros dos detenidos en la operación, dos vecinos de Isla Mayor implicados en la red de narcotraficantes que ha salpicado a medio cuartel de la Guardia Civil del municipio arrocero. En la operación, desarrollada el lunes 2 de enero, fueron detenidos el sargento jefe del puesto y tres guardias más, la mitad de la plantilla del instituto armado en este municipio, que está compuesta por ocho agentes. La investigación permanece bajo secreto de sumario, por lo que no se descartan nuevos arrestos en las próximas semanas.

Un grupo de Asuntos Internos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llegados especialmente de Madrid, se desplegaron por Isla Mayor desde primera hora de la mañana del lunes. Uno de los guardias fue detenido en Zamora, localidad de la que es natural y en la que se encontraba pasando las vacaciones. En la operación se han hallado 1.600 kilos de hachís y se han intervenido dos potentes embarcaciones semirrígidas con las que los narcotraficantes traían la droga desde el norte de África hasta los canales de Isla Mayor, donde alijaban y guardaban los fardos.

A los cuatro guardias civiles detenidos se les imputan los siguientes delitos: pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, cohecho, denuncia falsa y revelación de secretos. A las otras dos personas detenidas se les imputan sólo los dos primeros cargos, el de organización criminal y contra la salud pública, término jurídico con el que se conoce el delito de tráfico de drogas.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, destacó ayer que este caso es una prueba de que "el Estado de Derecho funciona, le toque a quien le toque" y de que "el que la hace, la paga, sea quien sea". También destacó el papel de la Guardia Civil, "que sabe reaccionar cuando surgen problemas internos". "La Guardia Civil es la principal interesada en que estos asuntos se clarifiquen y se actúe con la contundencia debida".

Sanz negó que pueda calificarse el río Guadalquivir como una "autopista de la droga". "El río es navegable y como en otras zonas de la costa andaluza ocurren aprehensiones, ya que la lucha contra el narcotráfico se extiende al conjunto de las costas y los ríos. Por las estadísticas que tengo, no estamos en una situación para decir que es una zona donde se desarrolla un narcotráfico superior a otras", añadió el delegado.

El alcalde de Isla Mayor, Juan Molero (PSOE), pidió que el municipio no sea "estigmatizado" y defendió que los vecinos del municipio "se ganan la vida" principalmente con la pesca y comercialización del cangrejo rojo y con el cultivo del arroz. En declaraciones a Europa Press, Juan Molero expuso que la "resaca" de la operación se traduce en una "importante indignación" entre los vecinos. A su juicio, "se está relacionando a Isla Mayor sólo con el narcotráfico". "Se tacha a todo el pueblo de narcotraficante, cuando nuestro término municipal ni siquiera linda con el río".