El juzgado de lo Contenciso-Administrativo número 11 de Sevilla ha emitido un auto de apercibimiento al alcalde de Carmona, Juan Ávila (PP), al que advierte que tendrá que pagar 601,91 de su bolsillo por cada mes que pase sin que el Ayuntamiento haya ejecutado una sentencia, que es firme desde octubre de 2013, y que obliga al Consistorio a terminar correctamente las obras de urbanización en la parcelación La Celada, en la carretera Brenes-Mairena, con las que se regularizó la zona con dinero aportado por los propietarios, según los metros de cada uno, y que realizó el Ayuntamiento, pero que no se terminaron conforme a lo previsto en el proyecto técnico.

El auto tiene fecha del pasado 21 de octubre y en él se le da un mes de plazo para que se proceda a la ejecución de la sentencia, aunque el regidor -que recuerda que las obras a las que alude el fallo se realizaron en anteriores etapas de gobierno, con alcaldes de IU y el PSOE- dice que ya en abril del año pasado dio orden para que se empezara con un nuevo proyecto y se corrigieran esos fallos. De hecho, no se recurrió siquiera la sentencia del TSJA que dio la razón a los vecinos: más de 330 parcelistas de una de las pocas urbanizaciones de Carmona que consta ya como suelo urbano consolidado. El edil compartía sus planteamientos. No obstante, admitió que tal vez las cosas no han ido tan rápido como esperaban los afectados.

El 26 de febrero, la comunidad solicitó por ello la "ejecución forzosa" de la sentencia y, según el auto, tras "los oportunos requerimientos realizados por parte de este juzgado", el Consistorio contestó diciendo que se habían iniciado los pasos, contratando la redacción de un proyecto técnico, aunque hasta el 21 de octubre no se había "acreditado" nada, con lo que se inició el apercibimiento en la persona del regidor.

En esta situación y antes de que se cumpliera el plazo del mes que se da en el auto, el alcalde asegura que 26 de noviembre, la junta de gobierno local aprobó ya varias actuaciones en La Celada, como el acondicionamiento del acceso a la urbanización y el desagüe subterráneo, que se han hecho llegar al juzgado para que deje en suspenso el apercibimiento. "Este gobierno va a terminar obras que están pendientes desde hace más de una década y que no hicieron ni IU ni el PSOE", insistió Carmona, quien subrayó además que, pese a la situación que se ha generado por la sentencia y la dilatación de los plazos para cumplirla, comparte planteamientos y le da la razón a los vecinos.

La sentencia, que revocó una anterior del juzgado de lo contencioso-administrativo número 11 de Sevilla, da la razón a los vecinos al considerar nulo un acuerdo de la junta de gobierno de 2008, cuando gobernaba el PSOE, por el que recepcionaron las obras de la tercera fase de la urbanización. Los vecinos estuvieron siempre en desacuerdo, porque consideraban quelo realizado no se ajustaba a lo previsto en el proyecto de urbanización aprobado el 22 de diciembre de 2000. El propio fallo alude a que las obras "no se encuentran en buen estado ni con arreglo al proyecto" y "no pueden considerarse finalizadas y listas para ser recepcionadas", porque hay "carencias o defectos graves provocados por problemas no resueltos en el proyecto de urbanización" y se cita expresamente el cierre de caminos y la cancelación de servidumbres o la desafección de vías pecuarias; también la ejecución del vial de acceso a la urbanización, paralelo a la carretera Mairena-Brenes; la canalización o el tratamiento de cauces del arroyo que discurre por la urbanización; o la delimitación el vallado de la parcela de la depuradora.

Finalmente, el fallo alude a la reparación y finalización de obras emprendidas en fases anteriores, como la puesta a cota de las farolas, tapas de arquetas, monolitos, recogida de aguas pluviales, rebosaderos o aliviaderos fecales.