"Una vez se realice el plan de inspección, se haga el inventario de construcciones y se delimité cuáles son legalizables, cuáles se derriban y cuáles quedan al margen del ordenamiento urbanístico, este Ayuntamiento ejercerá sus potestades disciplinarias. Si queremos que la Fiscalía deje de actuar contra los propietarios, debe ser el Ayuntamiento quien marque la raya que nadie debe pasar". Quien así se expresa es Miguel Ángel Márquez, alcalde de Arahal desde 2007. Cuando aterrizó en el cargo se encontró con una situación insostenible desde cualquier punto de vista, tanto urbanística como ambiental, pasando por la sanitaria.

Las casas construidas carecen de redes de agua potable y alcantarillado y se surten de pozos cercanos a fosas sépticas de cuyas condiciones sólo saben los dueños de las parcelas. "No vamos a legalizar ni a regularizar ninguna casa que no cuente con estos servicios y, desde luego, el Ayuntamiento no puede acarrear con ese coste. Van a figurar en el PGOU como fuera de ordenación", apunta el regidor. Sólo se les exigirá que no estén situadas en zonas sensibles (un paraje protegido o en un área con peligro de riada o inundación) y que cumplan con unos servicios mínimos, como la regularización de los pozos y de las fosas sépticas, para que sean estancas.

Un breve paseo por cualquiera de los 26 pagos de Arahal en los que se han llevado a cabo parcelaciones ilegales basta para comprobar que la construcción o ampliación de muchas viviendas se mantiene a pleno rendimiento, incluso de noche, y que no es difícil tampoco encontrar carteles de "en venta", aunque es imposible que existan unas escrituras notariales fieles a la realidad. Los precios, entre 90.000 y 100.00 euros.

Luis Luna y José Paredes, pequeños empresarios locales hechos a sí mismos, afirman vivir con una congoja permanente desde que hace tres años fueron detenidos por la Policía Judicial e imputados. "Estuve hora y media llorando sin parar, diciéndole al juez que yo no había hecho nada, que todas las veces que fui al Ayuntamiento me dijeron que podían seguir con las obras, que no pasaría nada", rememora Paredes.

Su testimonio es muy similar al de su amigo, quien sostiene que varios antiguos cargos municipales, empezando por el ex alcalde y ex consejero de Agricultura y Pesca, Miguel Manaute, y el ex primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Sebastián Brenes -ambos del PSOE- también construyeron en suelo no urbanizado. "Así se lo dije al juez", asevera.

La situación de las urbanizaciones, clave en la victoria de IU en las pasadas elecciones, ha pasado factura en un pueblo donde todos se conocen. El mismo Luna admite sin tapujos que fue él quien denunció al exconcejal Brenes, "pero a nadie más". A estas alturas no se explica cómo la Fiscalía de Medio Ambiente ha actuado contra él pero no contra los propietarios de las fincas colidantes, donde también se han autoconstruido casas similares a la suya, paso a paso, aprovechando los tiempos muertos, arañando el tiempo a los fines de semana. La sensación que les inunda es de que son cabezas de turco.