Las familias de los cinco jóvenes procesados junto al hijo del torero José Ortega Cano por haber agredido y robado a otro a las puertas de un club de alterne de Castilleja de la Cuesta pidieron ayer, a través de una carta enviada a este periódico, perdón públicamente por el daño que hayan podido causar. Lo hicieron en su nombre y en el de los propios imputados, y quisieron aclarar también a la opinión pública que son "familias humiles y trabajadoras, camareros, albañiles, electricistas y jornaleros, gente sencilla, condenada a vivir cada día con la losa de los comentarios malintencionados y con el desprecio de parte de la sociedad que se alimenta de las desgracias y los tropiezos de los demás".

La intención de las familias no fue comentar los hechos, algo que dejan a la Justicia, pero sí mostrarse defraudados con el sistema por la manera en la que están siendo tratados sus hijos, amigos de la infancia de José Fernando Ortega Mohedano. "No entendemos cómo en un acto de conciliación en el juzgado los acusados están sentados en el banquillo custodiados por la Policía y se les niega la cercanía a sus familiares mientras que más de 30 cámaras y periodistas, sin cordón, los exhiben a toda España como si de un circo se tratase", denunciaron en su escrito.

Los familiares, que aseguran que se han sentido durante el proceso "vapuleados, heridos y llenos de impotencia y desesperación", reiteraron también el apoyo familiar, el cariño y la protección que van a tener por su parte estos jóvenes, que salieron el 5 de noviembre "a divertirse como lo habían hecho otras veces, sin imaginar lo que el destino preparaba para ellos, simplemente por tener un amigo famoso". Por otra parte, sí agradecieron el gesto de la magistrada que se salió de la sala cuando llegaron las cámaras.

En otro orden, la juez de lo Penal número 5 de Sevilla, María José Cuenca Bonilla, ha decidido adelantar al 13 de marzo el juicio contra José Fernando Ortega y los otros cinco jóvenes procesados. En una providencia, la magistrada explica que el adelanto de la vista oral obedece a que la práctica de las pruebas admitidas, incluidas las que se solicitaron como cuestiones previas, provocará que el juicio "exceda de una sesión", por lo que ha decidido adelantar el comienzo al 13 de marzo.

Ese día, según detalla, la juez procederá al interrogatorio de los seis acusados, así como la declaración de los peritos y la de la propia víctima, J. J. V. A., mientras que al día siguiente, el 14 de marzo, tendrá lugar la práctica de las siguientes declaraciones de testigos y los informes de conclusiones de la Fiscalía y de las partes.

Este es el calendario fijado por la instructora en el caso de que los abogados de la defensa sigan sin alcanzar el acuerdo con la Fiscalía que están intentando alcanzar para evitar la celebración del juicio, pero al que no se ha podido llegar ante la negativa del Ministerio Público a reducir la posible condena para los acusados.

El abogado Manuel Manzaneque, que representa a J. V. A., el joven que fue agredido y robado por José Fernando Ortega Mohedano ha asegurado que los 10.000 euros que la víctima recibió el pasado miércoles antes del inicio de la vista sobre las cuestiones previas no sólo fue abonada por José Fernando -quien había consignado esta misma cantidad para satisfacer la indemnización en la cuenta de consignaciones judiciales- sino que el dinero ha sido aportado también en nombre de los otros cinco acusados.

El letrado sostuvo que el importe total fue reunido "entre todos los acusados", de tal manera que la circunstancia atenuante de reparación del daño se les aplicará a los seis acusados. Manzaneque precisó, en cambio, que la atenuante analógica de confesión sólo se aplicará a "aquellas personas que confiesen la comisión del delito", como ocurrió con José Fernando, quien reconoció la autoría en sus declaraciones e incluso confesó que llegó a conducir el vehículo a pesar de no tener carné.

El letrado insistió además que otra de las posibles atenuantes, en este caso la relacionada con el consumo de sustancias estupefacientes, "sólo se aplicará a quienes acrediten plenamente" esta drogadicción, lo que complica que esta atenuante y la consiguiente reducción de la pena pueda ser aplicada a todos los procesados. José Fernando sí que ha acreditado que es consumidor e incluso la juez ha admitido que se practique una pericial psiquiátrica en la vista oral.