Un funcionario de los juzgados de Marchena está imputado por colaborar con una organización internacional de contrabandistas de tabaco, a la que fueron intervenidos en enero pasado más de 250 cajas con 123.500 cajetillas en la denominada operación Platanera de la Guardia Civil, que se saldó con nueve personas detenidas y 180.000 euros en metálico aprehendidos, según confirmaron fuentes del caso.

El funcionario, que actualmente está suspendido de empleo y sueldo, desempeñaba su labor en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marchena y, según la imputación que pesa sobre él, habría filtrado supuestamente información a la banda sobre el estado de las actuaciones.

Las sospechas sobre el fucionario llevaron a los agentes a solicitar el pinchazo de su teléfono, lo que permitió acreditar su presunta colaboración con los contrabandistas. El funcionario fue detenido e ingresó en prisión, imputado por tres delitos: pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contrabando de tabaco. Tras pasar varios meses en prisión provisional, el funcionario de este juzgado ha sido puesto en libertad bajo fianza, según explicaron las mismas fuentes, que señalaron que la implicación de este trabajador en el caso motivó la inhibición del juzgado de la investigación, que a partir de ese momento fue coordinada por un juzgado de la localidad de Morón de la Frontera.

La operación Platanera comenzó a investigarse a mediados del año pasado y coincidió con otra que se desarrolló en Tenerife por parte de los mismos sospechosos, lo que motivó que ambas investigaciones se unieran. Según informó entonces la Guardia Civil, la organización introducía grandes cantidades de tabaco en España procedentes de Canarias, Gibraltar y Andorra, y lo distribuía por toda la Península. Los agentes lograron intervenir en el último año mercancía valorada en más de dos millones de euros.

En cuanto al modus operandi, los miembros de la banda se traslababan a Andorra, Canarias y Gibraltar, donde compraban grandes cantidades de tabaco y lo introducían, en ocasiones, a través de Portugal. El tabaco que traían solía tener ya un comprador, que podía estar en Andalucía y Galicia, pero también en otros puntos del país.

Al actuar de esta forma, reducían los riesgos de ser sorprendidos y dificultaban la labor policial, porque la mercancía estaba muy poco tiempo en su poder. Continuando con las pesquisas, la Guardia Civil llegó a la conclusión de que se trataba de varis redes conectadas y que los cabecillas operaban desde las localidades de Marchena y Los Molares. Durante la operación se practicaron 15 registros en las localidades de Los Molares, Utrera, Umbrete, Paradas, Marchena, Carmona y Dos Hermanas. En el dispositivo para la práctica simultánea de estos registros participaron un centenar de agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Patrulla Fiscal, puesto de Dos Hermanas y unidad de Seguridad Ciudadana.

Los principales detenidos son J. A. B. A., de 34 años y cabecilla de la red de Marchena, y R. G. A., de la misma edad y que actuaba como su lugarteniente.

La mayor parte del dinero intervenido en la operación Platanera fue recuperado en una piscina de Umbrete, adonde fue arrojada por los detenidos en un intento desesperado de evitar que fuese intervenido por la Guardia Civil.

Los investigadores habían programado sendos registros en el piso de uno de los detenidos y de sus padres, pero estimaron que no era necesario de manera simultánea. Así, primero entraron en la casa del hijo, pero la madre sospechó al ver que éste no cogía el teléfono y al descubrir un coche camuflado en la puerta del domicilio. Por ello, guardó 180.000 euros en dos bolsas de basura y las tiró a la casa de al lado, pero las bolsas cayeron en la piscina del vecino. El padre también tiró cajetillas de tabaco a otra casa. Al final, los agentes tuvieron que secar el dinero, que estaba distribuido en paquetes de 5.000 euros.