Los 91 municipios sevillanos que tienen menos de 20.000 vecinos necesitan 21.126 viviendas protegidas para cubrir toda la demanda existente. Es la conclusión de los trabajos realizados por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía por encargo de la Junta y que se ha incluido, como gran reto, en el protocolo de colaboración firmado con la Diputación para que la sociedad instrumental Sevilla Activa gestione la promoción de inmuebles en los ayuntamientos con menos capacidad técnica que se lo requieran.

El acuerdo, que prevé que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía aporte 3.000 euros por inmueble, fue ratificado ayer en el Pleno que preside Fernando Rodríguez Villalobos. Pero se topó con el voto negativo y la tenaz crítica del PP, que tachó la medida de "electoralista", lamentó la falta de concreción -el documento no recoge dónde se harán- y que puso en duda la capacidad de Sevilla Activa para gestionar ese volumen de VPO. El PA suscribió estas dudas y apuntó que la espera hasta que Sevilla Activa se entrega las llaves es de entre siete y ocho años. El portavoz popular, Juan Bueno, recordó que la sociedad ha culminado 457 VPO en sus diez años de historia e ironizó con que, a 43 por ejercicio, necesitaría 470 años para satisfacer la demanda. "Es un nuevo brindis al sol", dijo.

Tan contundente fue en sus reparos, que el presidente tomó la palabra para defender la gestión de Sevilla Activa, que empezó construyendo colegios y centros de salud por más de 15.000 millones de las antiguas pesetas. La sociedad -que tiene 25 trabajadores a los que Villalobos dijo que "echaría si no hubieran atendido a un sólo municipio que lo hubiera pedido"-, comenzó con la VPO en 2001 y se ha centrado en pequeñas promociones (incluso de siete casas) en pueblos pequeños y alejados, que nunca asumiría la iniciativa privada.

Es ahí donde se pretende llegar de nuevo con el convenio, al que deberá sumarse cada ayuntamiento que quiera delegar la gestión de sus VPO en la Diputación. Los que tienen más recursos suelen firmar directamente con la Junta. El debate sobre la gestión de Sevilla Activa, del que el PP culpó a los políticos socialistas y a los cargos de confianza, se repitió en otro punto del orden del día, que salió adelante con el apoyo del PA, IU y el PSOE, para que la sociedad gestione también las obras en la red de carreteras en lugar de la Diputación, con el objetivo de acortar los plazos y costes.