Los parcelistas protestan ante la "abusiva" cuantía de la urbanización

Los vecinos de la urbanización Torrepalma de Carmona se manifestaron ayer en protesta ante unas reclamaciones que consideran "abusivas" a la hora de acometer la urbanización de este entorno. La protesta, que se inició a las once de la mañana partió del acceso al municipio y llegó hasta la plaza del Ayuntamiento.

El presidente de la comunidad, Alonso Muñoz, indicó que la zona, integrada en suelos que tienen la catalogación de rústicos, cuenta con unas 500 parcelas que pueden llegar a acoger, en temporada estival, a "un pequeño pueblo de un millar de personas". Según el portavoz vecinal, el 70% de los ocupantes "están a favor de nuestra reivindicación". La reivindicación de los parcelistas parte de un proyecto que asumieron los residentes para urbanizar el entorno, y en el que, en síntesis, "se ha producido una demora por una serie de avatares, resultando que nos piden veinte veces más".

El principal problema deriva del hecho de que se solicita un pago que puede llegar hasta los 30.000 euros por propietario, cuando "el 80% de la gente son jubilados, parados, o con trabajos precarios". A pesar de que los parcelistas han interpuesto recursos y han solicitado la mediación del Consistorio del municipio, la situación no se ha solventado.

La actuación más importante, relacionada con el asfaltado y el alumbrado público del entorno, "podría costar 3.000 euros por vecino, según un presupuesto que hemos solicitado", aseguró el presidente de la comunidad.

En enero pasado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el decreto 2/2012, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamiento existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma, y que en la práctica supone el indulto del 90% de las viviendas ilegales que hay en Andalucía, donde gracias a este decreto se podrán legalizar o reconocer la situación de unas 225 edificaciones construidas en suelo no urbanizable en las últimas décadas. No obstante, una de cada diez viviendas quedará bajo la amenaza de la demolición.

Los principales ayuntamientos sevillanos afectados por el fenómeno de las parcelaciones ilegales auguraron un proceso largo y complejo tras la aprobación del decreto, ya que como primer paso se debe elaborar un inventario de todas y cada una de las edificaciones sobre suelo no urbanizable existentes y todo debe hacerse en el marco del PGOU, lo que puede demorar el proceso durante varios años.

En el caso de Carmona, el municipio cuenta con más de 40 parcelaciones de las que más 30 están sin regularizar, muchas de ellas datan de los años 70.