Los peritos ratifican que la mina incumplía de forma "general" la concesión

Los dos peritos antaño adscritos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) han sido llamados a declarar por el Juzgado de Instrucción número 19, en el que reside la causa incoada contra cuatro directivos de la compañía minera 'Cobre las Cruces'.

Los peritos han testificado que ya en abril de 2008, un informe reflejaba el "grado general de incumplimiento" de la citada compañía en cuanto a los términos de la concesión administrativa otorgada para explotar el acuífero Niebla-Posadas.

Uno de ellos ha testificando que para él "era imposible imaginar que pudiera funcionar tan mal" la mina y otro ha ratificado la "realidad" de pozos clausurados por contaminación por arsénico.

Los dos peritos de la CHG, Mariano Manuel Gregorio P.S. y Juan Luis R.M., han prestado declaración como testigos el miércoles de la semana en curso en el marco de las diligencias incoadas por dicha instancia judicial contra cuatro directivos de 'Cobre las Cruces', filial de la multinacional canadiense 'Inmet Mining'.

La causa, parte de la querella formulada en su contra por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico en base a los expedientes sancionadores incoados en 2008 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre esta explotación minera que ocupa suelos de Gerena, Guillena y Salteras.

Los imputados, en concreto, son el ya ex director general de la compañía, Françoise Fleury, el director de Minas, William Thomas Willliams, el director de Gestión de Aguas de esta empresa, Juan Carlos Baquero, y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen.

La querella en cuestión se remonta al otoño de 2008 y partía de los expedientes sancionadores incoados por la CHG contra 'Cobre las Cruces' por la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico.

Estas prácticas, de hecho, motivaron que la CHG suspendiera la concesión administrativa otorgada a 'Cobre las Cruces' para el aprovechamiento del acuífero a través de un sistema de drenaje y reinyección de agua.

Los hechos, según la querella, podrían constituir un posible "delito continuado de daños", así como un delito contra el medio ambiente.

Y es que el Ministerio Público consideraba que el incumplimiento de los términos de la concesión administrativa había desencadenado episodios de "contaminación metálica" en el acuífero Niebla-Posadas, que además sufrió una detracción "neta" de 75.000 metros cúbicos como resultado de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección.

En cuanto a estos hechos, el ex responsable de Aguas Subterráneas de la CHG Mariano Manuel Gregorio P.S. ha ratificado que "había una detracción de agua por encima de lo estipulado".

Ha declarado, igualmente, que en el otoño de 2008 fue "apartado" del seguimiento de la mina a instancias del por entonces director general de Dominio Público Hidráulico de la CHG, Javier Serrano, quien le habría dicho "que no le gustaban" sus informes en cuanto al complejo minero.

Juan Luis R.M., de su lado, ha testificado que "es una realidad que había unos pozos que fueron clausurados por contaminación de arsénico", si bien ha reconocido que no puede "precisar" si tal extremo supuso "una contaminación real de todo el acuífero" Niebla-Posadas.

A preguntas del juez, ha señalado que "han existido incumplimientos por lo menos de riesgo" y "es evidente que había riesgo de contaminación de las aguas".

En ese punto en concreto, Juan Luis R.M. ha ratificado que en los pozos de la corta minera el agua que se extraía y se re inyectaba en el acuífero "tenían unos niveles de arsénico muy superiores a la norma de abastecimiento humano".

Por su parte, la empresa filial de la multinacional canadiense 'Inmet Mining', defiende sobre estas diligencias que "en ningún momento" su actividad ha afectado a las aguas subterráneas, amparándose en el "contenido de los informes presentados por agentes externos, que avalan las posiciones de la compañía".

Igualmente, la empresa minera cree haber "rebatido suficientemente" la supuesta detracción ilegal de 75.000 metros cúbicos del acuífero Niebla Posadas, la presunta instalación ilegal de balsas y la posible contaminación por arsénico de este cauce hídrico".