Los peores augurios se han cumplido. El último expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), encargada de gestionar los servicios civiles en la base norteamericana de Morón de la Frontera, afectará a 55 trabajadores de tres departamentos de pista. Se trata del tercer ERE en menos de cuatro años, un periodo en el que la plantilla española en el aeródromo se ha reducido casi a la mitad. Estos puestos serán ocupados por militares estadounidenses. 

Desde este miércoles queda un intenso mes de negociaciones entre la dirección de VBR y el comité de empresa que defiende los intereses de los trabajadores españoles en la base de Morón, quienes están convocados mañana a una asamblea para estudiar las medidas a tomar tras este anuncio. A primera hora de ayer los representantes de los empleados conocían que el nuevo ERE afecta, en principio, a 55 personas. Los perjudicados por este expediente, según precisó el portavoz del comité, Javier Domínguez, pertenecen a tres departamentos de la zona de pista: abastecimiento de combustible, carga y descarga, y parque móvil. 

De este modo, cada vez son menos los empleados de nacionalidad española -principalmente de Morón y El Coronil- que trabajan en zona de pista. El portavoz del comité asegura que esta reducción se debe a las directrices que proceden del gobierno de EEUU. Antiguos trabajadores, incluso, aseguran que la "normativa" obedece al temor a un posible "sabotaje". Javier Domínguez resta importancia a esta hipótesis, aunque confirma que dicha "orden" existe, motivo por el cual el pasado 15 de julio miembros del comité de empresa mantuvieron una reunión con el asesor del Ministerio de Defensa español, Nicolás Enríquez, con el propósito de conocer cuál es el motivo de que se dismimuya la presencia de españoles en la zona de pista. El comité aún espera una respuesta. 

Lo que no están dispuestos a admitir los defensores de los trabajadores es la "excusa" de que la actividad en la base se ha reducido para poner a empleados "en la calle". El personal que aún sigue allí y los despedidos en anteriores ERE aseguran que el nivel de trabajo "se ha incrementado". Prueba de ello es el hecho de que el puesto que ocupaban an tiguos empleados lo desempeñan ahora militares norteamericanos e incluso despedidos que han sido contratados en "peores condiciones". No en vano, desde hace tiempo los trabajadores españoles se dedican a "formar" a estos soldados en labores que hasta ahora tenían encomendadas. Un dato que refiere el comité para desmentir la bajada de la actividad y avalar la rápida sustitución de la plantilla civil por la militar es la llegada desde 2010 de 850 nuevos infantes y 17 aeronaves. 

Ante esta merma, los representantes sindicales exigen al Gobierno y la Junta que "planten cara" a EEUU. "Es el momento de que Susana Díaz y el ministro de Defensa, Pedro Morenés, intenten solucionar la situación, porque se produce la militarización de los departamentos civiles, aumenta el uso de la base y se despide a trabajadores españoles", incide Domínguez. 

Este tercer ERE dejará la plantilla civil reducida casi a la mitad. Una disminución que se ha llevado a cabo en menos de cuatro años a través de tres expedientes. El primero se presentó a finales de 2010, en vísperas de Navidad. En aquel momento la plantilla rozaba los 600 trabajadores y se propuso despedir a 286. Dicho objetivo puso en pie de guerra al comité, que logró que dicha cifra se redujera a 150. Finalmente fueron 119 los que se quedaron sin trabajo, puesto que VBR incluyó a personal que ya se había dado de baja en la empresa. Este hecho se investiga actualmente en el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla. 

No es el único despido colectivo de VBR que acaba en los tribunales. Sobre el segundo ERE, presentado hace menos de un año, está pendiente de pronunciarse el Tribunal Supremo, al que han recurrido los 66 empleados que fueron despedidos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró que el expediente de 2013 "no se ajustaba a derecho", aunque no lo anuló, motivo por el cual se acudió al Supremo. 

El tercer ERE -en caso de no prosperar las negociaciones- sumará a estos despedidos otros 55, por lo que en tres años 240 españoles han perdido su trabajo en el aeródromo norteamericana de Morón, es decir, el 40% de la plantilla existente en 2010. Nada hace prever que la sangría se detenga aquí, pues el número de despedidos casi alcanza a los que VBR propuso en el primer expediente de 2010 que los sindicatos lograron reducir. Javier Domínguez mantiene que antes de la primavera de 2015 con toda probabilidad se presentará otro ERE, ya que para entonces se abrirá un nuevo concurso para adjudicar hasta 2021 estos servicios, a los que optan tres empresas. "El fin que persiguen es abaratar estos trabajos con la reducción de mano de obra española", mantiene el portavoz del comité. 

Esta tesis coincide con la de muchos despedidos, quienes en un reciente reportaje de este periódico afirmaron que la intención de las Fuerzas Aéreas de EEUU en Europa (Usafe) es convertir esta base aérea en un espacio low cost al aprovechar la precariedad del mercado laboral español a consecuencia de la crisis.