Los propietarios de Las Minas se manifiestan contra los derribos

La coordinadora de las ocho asociaciones de vecinos de la urbanización de Las Minas de Castilblanco -una de las parcelaciones irregulares más grandes de Andalucía- esperan congregar el próximo domingo a un millar de personas en la manifestación que han convocado contra las sentencias judiciales que están obligando a derribar inmuebles. Según un representante de la coordinadora, hasta el momento se han tirado 11 edificaciones y hay otras tantas con sentencia firme de demolición, que no afectan sólo a personas que tenían construcciones de segunda residencia, sino a otras que tienen su única vivienda en Las Minas.

En concreto, el último caso es el de una propietaria que cedió el piso familiar en la barriada sevillana de Palmete a su hijo y a su familia y tiene su único hogar desde hace años en Las Minas. La coordinadora recuerda, por contra, que hay más de una decena de sentencias que se han saldado con multas e inhabilitación para sus dueños -si se dedican a la construcción-, pero no con orden con derribo porque, con un criterio diferente, los jueces lo han considerado incongruente cuando puede producirse un proceso de regularización para otros inmuebles.

La marcha, que tiene autorización de la Subdelegación del Gobierno, partirá a las 11:00 desde el camino de San Benito, pasará por el Ayuntamiento y culminará entre las 12:30 y la 13:00 en la Plaza Amarilla. El itinerario se ha hecho pensando en causar las menores molestias al resto de ciudadanos y después de sentirse "agraviados" con respecto a otras urbanizaciones ilegales de Andalucía. "Está habiendo un ensañamiento con Las Minas, donde las primeras construcciones se hicieron en el año 1972 y que, en contra de lo que pasó en Marbella, no ha surgido con fines especulativos", sino que se trata de viviendas familiares de autoconstrucción, de primera o segunda residencia, según Román Moñino, de la coordinadora, quien apuntó que se calcula que hay entre 700 y 800 edificiaciones y cien familias que residen de forma permanente en una urbanización sin canalizaciones de agua potable y saneamiento, pero con luz y teléfono y a donde incluso llega el autobús escolar. "Esta manifestación no va en contra de nadie, sino que pretende exigir una solución a nuestros problemas que vienen desde los años 70 y, aunque la ley que convirtió el delito construir sobre suelo rústico es de 2002, las autoridades no pueden decir que no sabían lo que ocurría. Queremos que nos dejen estar aquí con la legalidad", apostilló este vecino.

En este sentido, recordó que cinco de las ocho asociaciones están trabajando ya con un arquitecto y un abogado experto en urbanismo de la coordinadora y otras tres lo están haciendo por libre para "empezar a legalizar" aportando dinero y suelo de sus parcelas para equipamientos y las zonas libres que se determinen en los convenios y en el PGOU en los que está trabajando el Ayuntamiento con el fin de dar solución, al menos, a una parte de la urbanización.

Con ese objetivo el alcalde de Castilblanco, Segundo Benítez (PSOE), sigue manteniendo reuniones con responsables de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, para buscar encaje en el PGOU al más grave problema urbanístico del municipio, reconoce. El edil ha apuntado la posibilidad de que todo el margen de crecimiento del PGOU, del 30% de aumento de población y de 40% de suelo urbano, se agote en Las Minas, renunciando incluso a otras actuaciones en el casco urbano consolidado. Todo sigue en estudio, en cualquier caso.