Los propietarios de los suelos de la zona de Tablantes, en Espartinas, que están pendientes de que se ejecute la sentencia que condena al Consistorio a devolverles el dinero -cinco millones de euros, más intereses- que se les cobró por una tasa urbanística declarada ilegal, han rechazado la cesión de parcelas del patrimonio municipal de suelo que había propuesto el gobierno local al juzgado como alternativa cuando, según recordaba el alcalde, Domingo Salado, en la resolución en la que aportaba el listado de suelos, el Consistorio está condicionado por el plan de ajuste, sin liquidez y sin posibilidad de pedir créditos.

Pero, según fuentes del despacho MOS Abogados, que representa a estos propietarios y a otros que han reclamado la devolución de ese dinero cobrado indebidamente -hay otras cinco sentencias firmes o pendientes de confirmar en ese sentido, que suman 1,5 millones más-, esa opción es rechazada de plano por los demandantes, ya que recuerdan que no sólo es mal momento para vender suelos, sino que éstos les generarían otros gastos -impuestos, mantenimiento- que no quieren asumir.

Así, aseguran que han presentado al juzgado un plan de pagos para que el dinero se les abone en un plazo de hasta cuatro ejercicios y por cantidades que supondrían aproximadamente el 9% anual del presupuesto municipal. En cualquier caso, las fuentes insistieron en que están dispuestas a negociar, pero sólo en ese sentido. Cuanto más tiempo se tarde, más gravoso será el fallo, que es firme desde hace ahora un año, para el Consistorio.

Así, los letrados recuerdan que el principal es efectivamente de unos cinco millones de euros, como recogía el regidor en su resolución, pero la deuda se habría elevado ya no a los 5,2 millones a los que alude el regidor por los intereses, sino a 6,2 millones, porque a esos intereses de demora habría que añadir la actualización del IPC que también está recogida en el fallo.

La tasa en cuestión se cobró en 2006, cuando se firmaron los convenios urbanísticos de Tablantes y desde el despacho de MOS abogados se subraya que su devolución no tiene nada que ver con que los suelos no se hayan ejecutado por la paralización del PGOU. De haberse desarrollado todo hubiera sido igual, porque lo que se declaró ilegal fue la tasa que el Consistorio implantó para los convenios urbanísticos que firmaba.