El PSOE denuncia el abandono de 91 viviendas de Écija en manos de un fondo buitre

El portavoz del grupo socialista en el ayuntamiento de Écija, Sergio Gómez, ha recordado como Rafael Recio defendió hace unos meses en el Parlamento de Andalucía, la posición de los socialistas de Écija a propósito de una Proposición No de Ley presentada en comisión por el grupo parlamentario Por Andalucía. De hecho, en aquella ocasión el parlamentario andaluz presentó una enmienda “in voce” para instar al Consejo de Gobierno a que se retrotrajese el procedimiento al momento en el que se autoriza la transferencia de la titularidad de las viviendas al fondo buitre que las adquirió en subasta por considerarse nulas de pleno derecho conforme al artículo 32 del Reglamento de Vivienda Protegida de Andalucía (RVPA), y que de este modo se reiniciase el procedimiento para que la administración autonómica ejerza su derecho de tanteo y retracto para que las citadas viviendas sigan formando parte del parque público de vivienda”.

Hace, prácticamente, seis años que las 91 familias residentes en las viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía de Écija comenzaron a vivir un auténtico calvario. A lo largo de este tiempo, tanto la Junta de Andalucía, como el Ayuntamiento de Écija han sido señalados, en innumerables ocasiones, por su falta de compromiso y acción ante un problema que afecta a unos inquilinos, que se encuentran atrapados entre los intereses de un fondo buitre y el desinterés de las autoridades locales y autonómicas.

Rafael Recio ya sostuvo, hace unos meses en el Parlamento de Andalucía, que en lo que se refiere a la recuperación de 91 Viviendas de Protección oficial sitas en las calles Estatuto de autonomía y La luisiana de la localidad sevillana de Écija, “nos hallamos ante un tema capital para la ciudad astigitana”, en el que “los socialistas llevamos años insistiendo tanto en Écija, como en este parlamento, para solucionar de una vez el problema. Sin embargo, ustedes hacen oídos sordos y esconden la cabeza cual avestruces, mientras condenan a 91 familias a perder su vivienda. Una de las peores situaciones a las que se puede enfrentar, hoy en día, cualquier ser humano”.

En julio de 2020, el proceso judicial que afecta a estas viviendas culminó con la venta de las mismas a la empresa Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido S.L., un fondo buitre que las adquirió tras un proceso de subasta pública. Desde aquel momento, los nuevos propietarios dejaron claras sus intenciones de rentabilizar el inmueble, con un enfoque exclusivamente comercial, y aunque los inquilinos dependen de contratos de alquiler social desde el año 2000, el cambio de propiedad los mantiene en el limbo de una creciente incertidumbre.

En ese sentido, Sergio Gómez ha señalado “la tremenda hipocresía de la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, al reunirse con los vecinos para darles coba porque sabe perfectamente que en 2019 la Secretaria General de Vivienda, Alicia Martínez, ya señaló que “aunque éste es un tema generado a nivel municipal, el interés de la Junta es que las personas que habitan esas viviendas tengan todas las garantías, dentro siempre de lo que permite la ley. La coordinación con el Ayuntamiento está asegurada en este proceso en el que velaremos por estos inquilinos”, o lo que es lo mismo, nada de nada, porque seis años después los vecinos y vecinas continúan sumidos en la incertidumbre, dado que nadie les proporciona una solución cierta.

En ese sentido, Rafael Recio ha insistido en que los populares “nunca han cumplido con su palabra. Hasta el punto de que la subasta pública de 2019 fue malograda por la propia empresa adjudicataria, fruto de la insolvencia y la clara intención especulativa que tenía y puso de manifiesto el propio Administrador Concursal”.

A pesar de que saben y conocen perfectamente que el Parlamento de Andalucía había aprobado la Ley 1/2018 de 26 de abril de Tanteo y Retracto en Desahucios de Vivienda, un Proyecto de Ley presentado por el anterior Gobierno socialista que establecía el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en nuestra comunidad autónoma. Una norma que permitía a la Junta ejercer el derecho de compra preferente de las viviendas afectadas por un desahucio, de tal forma que estas viviendas se incorporarán al parque de viviendas autonómico. De modo que, las familias podían permanecer en sus hogares tras la pérdida de su vivienda a cambio del pago de un alquiler social”, tal y como ha subrayado el secretario de organización de los socialistas sevillanos al poner como ejemplo la aplicación que en julio de 2018, la Junta de Andalucía realizó al ejecutar una compra por valor de 780.000 € de una promoción de viviendas en la localidad sevillana de Santiponce para “evitar el desahucio de 58 familias con recursos limitados. Una situación exactamente igual a la de las 91 viviendas de Écija, a la que un gobierno socialista dio solución, mientras que el actual gobierno de Juanma Moreno se niega a hacer lo propio”.

En ese sentido y tal y como señala, Sergio Gómez, “el anterior gobierno municipal socialista en el ayuntamiento de Écija hizo todo lo que estuvo en su mano, mediante la solicitud de ejercicio del derecho de retracto por parte de la Junta respecto a las mencionadas viviendas y garajes. Solicitud que fue desestimada por la Delegación de Fomento de Sevilla y recurrida mediante el correspondiente recurso de alzada por parte del ayuntamiento astigitano, en junio de 2021, al considerar que el dictamen de la Delegación Territorial de Fomento de Sevilla supuso una transgresión del principio de lealtad institucional”. A todo ello, continúa explicando Gómez, “le seguiría una moción aprobada por todos los grupos municipales, incluido el Partido Popular que hoy gobierna dicho ayuntamiento, para volver a solicitar a la Junta el ejercicio del derecho de tanteo y retracto”.

Si todo lo anterior no fuese suficientemente rocambolesco, el 23 de noviembre de 2022 la Junta de Andalucía reconoce que tras haber revisado el procedimiento se detecta que a los inquilinos de dichas viviendas no se les notificó en tiempo y forma la posibilidad de tanteo de las viviendas en las que habitaban, por lo que las adjudicaciones eran nulas de pleno derecho. Por lo que se solicita que se retrotraiga al momento en el que se autoriza la transferencia de la titularidad de las viviendas a la empresa que la adquirió en subasta para que se reinicie el procedimiento. Y se le vuelve a pedir a la Junta que, ahora sí, ejerza su derecho de tanteo y retracto, de modo que las viviendas sigan formando parte del parque público de vivienda.

Por todo ello, Rafael Recio apoyó la PNL presentada por el grupo Por Andalucía, y presentó una enmienda in voce para instar al Consejo de Gobierno a que, en relación con las 91 Viviendas de Protección Oficial sitas en las calles Estatuto de Autonomía y La Luisiana de la localidad sevillana de Écija, se retrotrajese el procedimiento al momento en el que se autoriza la transferencia de la titularidad de las viviendas al fondo buitre que las adquirió en subasta por considerarse nulas de pleno derecho conforme al artículo 32 del Reglamento de Vivienda Protegida de Andalucía (RVPA). DE aquellos lodos, estos barros, ya que aquella PNL fue tumbada por PP y VOX. Por eso hoy, seis meses después ha vuelto a recordarlo y reivindicarlo, “ya que el partido popular está tan ocupado con sus ajustes de cuentas internos, que olvida que está gobernando Andalucía y que por consiguiente hay 91 familias, gravemente, afectadas en Écija, que están esperando a que se reinicie el procedimiento, de modo que la administración autonómica ejerza su derecho de tanteo y retracto para que las citadas viviendas sigan formando parte del parque público de vivienda”.