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Castilleja de Guzmán

Los vecinos del Mirador exigirán que el fallo del Supremo se cumpla

  • Los denunciantes dicen que los comentarios sobre que estarían dispuestos a ceder ahora son un "bulo".

Los vecinos de la urbanización El Mirador de Sevilla, en Castilleja de Guzmán, que denunciaron la construcción de la escuela de hostelería sobre una zona verde, cuya ilegalidad ha confirmado el Tribunal Supremo, que dice que debe ser demolida, han calificado de "bulo" los comentarios que se han hecho sobre que estarían dispuestos a hablar con la Junta para buscar alternativas. En este sentido, destacaron que siempre han estado abiertos al diálogo y así lo contestaron a la pregunta de un periodista, pero en ningún caso en su ánimo está renunciar a que se cumpla un fallo judicial que no sólo les da la razón en lo que denunciaron -la modificación urbanística con la que se intentó legalizar, a posteriori, una construcción que se inició sobre zona verde- sino que va más allá y ordena demoler otros espacios que ellos ni siquiera habían señalado en la denuncia.

En este sentido, precisaron que es el TSJA, que emitió el primer fallo confirmado por el Supremo, el que debe ordenar la ejecución de la sentencia o, cumplidos los plazos, los denunciantes podrían solicitarlo. En última instancia, fue la Junta la que recurrió al Supremo en solitario y ha sido condenada a pagar las costas. Aunque en la denuncia ante el TSJA respondieron tanto ésta, a través de Ordenación del Territorio, como el Consistorio, con lo que está por determinar quién corre ahora con los gastos que se deriven de la nueva situación de un centro que está terminado y en el que se han invertido casi tres millones de euros, a través de un consorcio en el que participaban esas dos administraciones y la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe, que gestionó las obras por encomienda.

Por su parte, el alcalde, Carmelo Ceba (PSOE), que había anunciado que intentaría salvar la escuela modificando el PGOU, consultado ayer por este diario, quiso ser prudente y sólo apuntó a que está a la espera de un informe jurídico para pronunciarse. También está en contacto con la Junta para ver qué posibilidades hay. No obstante, los vecinos han advertido que no se puede redactar ninguna norma que vaya en contra de la sentencia y que, según sus datos, ni IU ni el PP estarían dispuestos a apoyar ese hipotético cambio en el Pleno, donde el PSOE no tiene mayoría.

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