Antonio Carrasco

El Recreativo de Huelva cerró un 2011 histórico. La entidad albiazul, el Decano, como se le conoce en el mundo futbolístico, dejó de ser público para transformarse en una sociedad privada. La peculiaridad onubense, fundada en 1889 por directivos ingleses de la compañía minera Riotinto, quedó en un recuerdo del pasado.

El Recre es un club diferente. Lo es por su fecha de creación, sus orígenes británicos y el especial estatus del que gozó durante más de una década en manos municipales. Tras su ascenso a Segunda a finales de los 90 se vio abocado a su conversión en sociedad anónima deportiva. Ante la imposibilidad de cubrir el capital necesario de forma privada, fue el Ayuntamiento de la ciudad el que se hizo cargo del 98% del mismo con el objetivo de salvaguardar el decanato, una tutela que se prolongó a lo largo de 12 años de gestión y que convirtió al club en el único del fútbol profesional español en manos públicas.  

Esta peculiaridad hizo del Decano un elemento de permanente controversia política. El consistorio onubense, gobernado por el PP durante estos años, mantuvo su control sobre el Recreativo mientras desde la oposición se le acusó constantemente de utilizar a la entidad en su beneficio. El equipo fue tanto una realidad deportiva como un importante campo de batalla política. No obstante, vivió los mejores años de su historia en la parcela deportiva, con cuatro temporadas en Primera y una final de la Copa del Rey. En los últimos meses de 2010, como consecuencia de su descenso a Segunda, se vio abocado a solicitar un concurso de acreedores. La crisis provocó un descenso de abonados de 17.000 a unos 7.000 en la actualidad, dando paso a un largo proceso de transición que prácticamente abarcó todo 2011. En enero del año pasado se publicó el informe de los administradores de la sociedad, que reflejó una deuda definitiva de 17,8 millones de euros. A raíz de ese hecho, comenzó el cambio que derivó en la venta del paquete mayoritario de las acciones municipales.

Para paliar la crisis económica, el consejo de administración anterior inició un proceso de ampliación de capital que fue suscrito casi en su totalidad de nuevo por el Ayuntamiento. Sin embargo, los problemas de liquidez le impidieron asumir el tercer pago de un millón de euros. Ahí surgió la búsqueda de apoyo financiero externo. Lo encontró en los empresarios Víctor Hugo Mesa, mecenas del Wanderers uruguayo, y Pablo Comas, su socio. Ambos fueron quienes aportaron la cantidad necesaria para salvar al club a cambio de lograr presencia en el consejo de administración, antesala de la compra del 75% de las acciones que hasta ese momento poseía el consistorio. Comas ingresó como consejero y José Miguel de la Corte presentó su dimisión como presidente.

Entonces, Susana Duque tomó el relevo para liderar la transición definitiva hacia la venta, una operación consumada en febrero de 2012 tras un proceso de subasta pública en el que la sociedad Gildoy España, formada por Comas y Mesa, se hizo con el Decano del fútbol español por 3,2 millones de euros como única ofertante.