-Imagino que la influencia de su padre, Juan Antonio Carrillo Salcedo, uno de los juristas españoles más importantes de la segunda mitad del siglo XX, tuvo que ser decisiva en su vocación.

-Mi padre sigue ejerciendo una gran influencia sobre mí. Lo fue ya antes de dedicarme al mundo del Derecho, porque, pese a sus muchas ocupaciones, siempre sacaba tiempo para estar pendiente de sus hijos. Le preocupaba mucho nuestra formación personal, la paralela a la académica, y siempre nos preguntaba por nuestras lecturas e inquietudes para hacerse nuestro compañero de viaje. En el mundo del Derecho, nosotros distinguimos entre las personas que tienen potestas (poder) y las que tienen autoritas (autoridad moral o ética). Mi padre tenía autoritas y siempre intentaba estar cerca de nuestras pasiones y nuestros gustos. Yo soy lo que soy por mi padre.

-¿Qué principio fundamental sobre el Derecho le enseñó?

-Sin duda el de la justicia social. Era un hombre comprometido que no vivía el Derecho en un plano formalista, sino como una regla de conducta orientada éticamente. Para él, la clave que explicaba el papel del Derecho en la sociedad era la consecución de la justicia social. Esta idea se comprobó muy claramente cuando fue juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En sus sentencias se observa la búsqueda de la justicia más allá de la letra de la ley y de lo que dice el precepto. Para él no todos los principios que rigen el ordenamiento jurídico valían igual, sino que había algunos a los que daba más importancia que otros, como el principio de igualdad material.

-Hay una anécdota que define muy bien el coraje moral de su padre, una que ocurrió en el despacho de Nixon...

-Nixon había perdido sus primeras elecciones presidenciales y estaba preparando la campaña de las segundas, aquellas en las que salió finalmente elegido. Tenía un despacho de abogados con clientes muy importantes -muchos de ellos políticos sudamericanos- y, por medio del embajador español, llamó a mi padre para que le asesorase con el fin de que la familia del fallecido Rafael Leónidas Trujillo recuperase un patrimonio que el dictador dominicano tenía en España. Mi padre se negó y le dijo claramente a Nixon que aquel patrimonio no pertenecía a la familia de Trujillo, sino al pueblo dominicano. Esta anécdota refleja una cualidad que tenía mi padre: siempre decía lo que pensaba según sus convicciones y con independencia de quien tuviese delante... Y la gente muy poderosa no está acostumbrada a que la gente le diga lo que de verdad piensan, sino a que le doren la píldora.

-Sin embargo, tuvo amigos muy influyentes, entre ellos la Reina de España, quien llegó a visitarle en su piso de la avenida República Argentina cuando estaba ya muy enfermo...

-Cuando los Reyes eran Príncipes de España realizaron una larga gira por España para conocer el país y sus gentes. En Granada, le habían concertado entrevistas con tres o cuatro personas, y una de ellas era mi padre, a quien citaron como catedrático en Derecho Internacional en el Parador para tomar café. De eso hace cincuenta y tantos años. En aquel encuentro mi padre, que estaba en Cuadernos para el diálogo, mostró su convicción de que la instauración de la Democracia en España pasaba por la integración en la Comunidad Europea y en otros organismos internacionales, así como por la firma de los tratados de derechos humanos, etcétera. Esta visión muy universal de España cautivó especialmente a la Reina. La relación con los monarcas se mantuvo durante la Transición, cuando mi padre fue asesor del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, para la conquista de la dimensión europea de España, pero los encuentros de entonces eran más frecuentes con el Rey que con la Reina. Sin embargo, en la década de los noventa, asesoró a la familia real griega cuando llevó al Tribunal de Derechos Humanos la decisión del gobierno de Atenas de confiscarle sus bienes. Fue un asunto especialmente doloroso para la Reina y a partir de ahí se intensificó mucho la relación con mi padre, que se convirtió en una amistad muy estrecha, casi fraterna. La Reina sentía a mi padre como a un verdadero amigo.

-Le voy a hacer una pregunta ingenua: ¿la justicia es igual para todos?

-No, desgraciadamente no. La justicia siempre es más fácil para el poderoso, porque la justicia es algo influenciable que se basa en la interpretación de la ley, y toda interpretación tiene un componente subjetivo que es muy difícil de alejar de las presiones externas. Quien tiene capacidad de presión externa es siempre el poderoso, ya sea del ámbito de la política o del dinero.

-También es cierto que los mejores abogados no están al alcance de cualquiera y esto aumenta también la desigualdad.

-Por supuesto, una defensa técnicamente sólida y bien elaborada tiene una capacidad de influencia sobre el juzgador enorme, fundamental... Es algo que solemos infravalorar pero que pasa en todos los niveles, en los pequeños juzgados y en los grandes tribunales, como el Supremo o el Constitucional. Es evidente que la capacidad de contratar buenos abogados la tienen sólo los poderosos, porque la abogacía, aunque no es la más valorada, es la profesión del ámbito jurídico mejor pagada.

-Vamos a meternos en un charco: la imputación de la infanta Cristina. Tanto los de un lado como los del otro dicen que se está vulnerando el principio de igualdad ante la ley. El pasado lunes Rajoy hizo en una entrevista en televisión unas declaraciones al respecto que se podían interpretar como una presión...

-Hay que cuidar esos comentarios, no se pueden hacer.

-¿Cómo ve usted este asunto?

-Lo mejor es que se está transmitiendo algo que es importante: nadie es impune. Está bien que la ciudadanía sepa que en todas las instituciones hay personas que son responsables ante la ley. Una vez dicho esto creo que en España no tenemos cultura cívica sobre los grandes principios del Derecho, entre ellos el de la presunción de inocencia. Nosotros anticipamos el juicio mediática y personalmente, y cualquier imputado, más allá de la sentencia final, tiene ya una carga sobre sí de la que no se desprenderá durante el resto de su vida.

-¿Por qué no explica lo que es un imputado?

-Un imputado es una persona a la que se llama al sumario por su posible participación en unos hechos incriminatorios. Se le llama pero no se formaliza una acusación, algo que se hace si procede cuando acaba la instrucción. Después viene el juicio, en el que el imputado puede ser condenado o no de lo que se le imputa o sólo de una parte de lo que se le imputa. Éste, y no otro, es el momento en el que el Derecho fija todas las consecuencias penales y su reproche social. El problema es que la sociedad ha transferido el reproche de la condena a la imputación, algo que no puede ser y por eso digo que hace falta educación cívica sobre el peso real de la imputación. Si hiciésemos un cálculo estadístico veríamos que hay una gran diferencia entre las personas imputadas y las finalmente condenadas. Uno de los problemas es que los jueces instructores, que son los responsables de las imputaciones, a veces no usan esa figura teniendo en cuenta la repercusión social que tienen. Es verdad que no tienen por qué hacerlo, pero también lo es que puede haber una cierta frivolidad en el uso que los jueces hacen de la figura de la imputación.

-¿Y por qué esta tergiversación de la figura del imputado?

-En gran medida porque hemos trasladado al terreno de los tribunales de lo penal la lucha política.

-Alguna vez ha dicho que la lucha contra la corrupción no debe ser principalmente judicial.

-La lucha contra la corrupción se debe librar, principalmente, en el campo de la educación ética y en valores, que es una de las grandes carencias de nuestras sociedad. Una educación orientada no sólo a las competencias técnicas sino también a la vivencia de valores humanistas, que son los que están en la Constitución y valen para todas las confesiones.

-Me imagino que los medios de comunicación tenemos alguna responsabilidad en todo este problema.

-Hay medios y medios, no se puede generalizar. Vivimos en un territorio sin ley en lo que a este asunto se refiere, porque no tenemos una autoridad equivalente al Consejo Superior del Audiovisual francés o al Defensor del Espectador italiano, una autoridad, en definitiva, que haga valer los códigos de conducta éticos que los propios medios suscriben, pero que muchos de ellos se saltan a la torera. En Andalucía hay un Consejo Audiovisual que está totalmente politizado y que no sirve absolutamente para nada.

-Usted ha denunciado cómo el sistema tributario español se ha ido progresivamente alejando de su misión de redistribuir la riqueza. El Gobierno prepara una reforma fiscal para aprobarla este año. ¿Servirá para frenar esta deriva? -

Según la Constitución, el sistema tributario debe ser progresivo -pivotar sobre la renta y el patrimonio personal- y equidistributivo. Es decir, que el que más tiene debe pagar más para soportar las necesidades de quienes menos tienen y, por tanto, darles oportunidades a todos. El problema es que este sistema se ha ido deformando con los años y hemos aumentado la brecha entre pobres y ricos de una forma alarmante. Los más pudientes tienen hoy mecanismos que le permiten tributar por sociedades en vez de por renta y, por lo tanto, pagar menos. Es decir, que el sistema fiscal está propiciando la fractura social. La reforma fiscal que todos esperamos es la recuperación del principio de progresividad y redistribución, así como la disminución de la imposición indirecta. El ministro Montoro no dice nada sobre la reforma que prepara, pero dudo que vaya en la línea a la que apunto.

-Otra reforma que asoma por el horizonte es la constitucional. ¿Es necesaria?

-La reforma constitucional es necesaria. El marco de convivencia que nos dimos en el 78 está superado y supura por demasiados poros, y no sólo por el del título octavo, que es el de la organización territorial del Estado. En el siglo XIX teníamos una tradición de facilidad en la modificación constitucional, pero ahora hemos hecho demasiado rígidos los mecanismos de reforma. Esto no sucede fuera de nuestras fronteras, donde las reformas constitucionales son cotidianas. En España tenemos un miedo atávico a este asunto, quizás porque la Constitución del 78 fue para nosotros taumatúrgica, la hemos divinizado porque supuso el cambio de la dictadura a la democracia. La razón de ser social y política de una generación es la Constitución. No hay que tener miedo, está bien que se plantee la reforma siempre que haya un consenso.

-¿Pero qué hay que reformar?

-El título octavo, el territorial, necesita una reforma integral para aclarar cosas como el límite de las competencias de las comunidades autónomas, porque el actual camino nos puede llevar a un vaciamiento del Estado. Actualmente, el único planteamiento realizado al respecto es el modelo federalista del PSOE. También, sería importante hacer ajustes en el equilibrio de poderes, porque hoy en día, desde mi punto de vista, no está suficientemente garantizada la independencia del poder judicial; y tampoco está suficientemente ponderado el excesivo poder que tiene el Ejecutivo. Hemos relegado al Parlamento a un órgano de control y ha dejado de ser un órgano verdaderamente legislativo. Hay que reformar el Senado para que sea una cámara territorial de verdad y hay que potenciar la capacidad de generación normativa del Parlamento, que, insisto, se ha quedado en un receptáculo de proyectos de ley, con una capacidad de proposición muy limitada. Asimismo, hay que reformar lo relativo a la sucesión de la Corona, algo que la propia Casa Real aprueba y que generacionalmente ya no plantea ningún problema.

-El juez Garzón está empeñado en que se derogue la Ley de Amnistía del 77 y en crear una comisión de la verdad para abrir un proceso al franquismo. ¿Qué opina usted de esto?

-En ese discurso se busca hacer bandos, dividir, reabrir una herida que está razonablemente cicatrizada. La Ley de Amnistía es un pilar fundamental de la Transición y creo que la sociedad española todavía no está aún madura históricamente para este debate.

-División entre los ciudadanos también ha generado el anteproyecto de ley del aborto elaborado por el ministro Gallardón. ¿Es necesario este texto?

-No. Antes de Zapatero, veníamos de una ley bendecida por el Tribunal Constitucional que tipificaba tres supuestos en los que se consideraba que la represión penal a la mujer que abortaba era excesiva, pero que pivotaba sobre la protección del nascituru, del ser que va a nacer. Era un modelo que convenció durante mucho tiempo a la mayoría de la sociedad, hasta el último Gobierno socialista, que dejó de privilegiar el derecho a la vida del nascituru para que la ley pivotase sobre el derecho de la madre a decidir sobre su cuerpo. Es una ley con menos consenso que la primera y crispó el discurso hasta el punto de que el PP llevó en su programa su reforma. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que el PP ha vuelto a primar el derecho a la vida, pero ha dejado en agua de borrajas el modelo del 85 al hacerlo mucho más restrictivo y, por tanto, perder el consenso que éste tenía. Ésta es una caja de Pandora que no hacía ninguna falta abrir.