La adaptación curricular de los libros de texto a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en Andalucía supondría para la Junta un desembolso cercano a los 400 millones de euros. Así lo afirma el presidente de la Federación Andaluza de Libreros (FAL), José Luis Jaime Serrano, quien critica la demora en la renovación del material para algunos cursos, en los que se lleva usando el mismo siete años.

El representante de los libreros recuerda que ya el año pasado la Junta no renovó, dentro del programa de gratuidad de libros de texto, los ejemplares existentes al alegar que con la entrada en vigor de la Lomce se evitaba un gasto que sólo iba a servir para el curso pasado. Este año tampoco habrá renovación y lo que más teme el sector es que el próximo, cuando se celebren elecciones generales, tampoco haya, puesto que la entrada de un Gobierno de distinto color político supondría -como ya han anunciado los partidos de la oposición- la aprobación de otra ley educativa.

"Cuando la Junta estaba configurando el programa de gratuidad de libros de texto organizó un viaje a Francia, país en el que dicho sistema llevaba implantado 15 años. Allí percibimos los problemas que ahora ocurren aquí".

El presidente de la FAL se refiere así a los años que lleva sin renovarse dicho material en Andalucía, donde hay cursos, como cuarto de ESO, donde los alumnos usan libros con siete años de antigüedad, por lo que llegan en unas condiciones poco "óptimas" para el estudio. "En Francia pasó igual. No se renovaban los libros porque siempre se cambiaban las leyes. Era la excusa para no gastar. Al final, los libros de Historia se quedaban tan antiguos que no incluían ni la caída del muro de Berlín", afirma Serrano.

Para el sector, resulta "imprescindible" una "estabilidad" y continuidad en la renovación del mencionado programa, pues sólo así cada negocio consolidará los presupuestos, requisito básico para el pago a los proveedores y empleados. "El problema al que se enfrenta ahora la Junta es que cambiar los libros de texto de todos los cursos de enseñanza obligatoria cada vez que entra en vigor una nueva ley educativa supone un gasto de casi 400 millones de euros", explica Serrano, que critica que este plan se haya acogido a la idea del "café para todos". "Se deberían dar las ayudas o la gratuidad total en función de las necesidades de cada familia, así sería más fácil en estos tiempos la adaptación curricular y el sector de las librerías no quedaría tan afectado", apostilla.

A esta falta de renovación se une el retraso en el pago de los cheques-libro por parte de la Consejería de Educación. Según Pedro Jiménez, propietario de la librería sevillana Falla, los libros los adquieren los padres en septiembre y a final de este mes hay que pagarles a los distribuidores y a las editoriales, pero no es hasta noviembre (algunas veces, incluso, después) cuando reciben el dinero de la Junta. Jiménez alerta de que esta situación provoca una "asfixia económica" en las tiendas con menos recursos, lo que ha llevado al cierre de "más de una decena" de librerías los últimos años en la capital.