La sobrecarga de trabajo por los recursos presentados por las defensas de los 95 imputados ha impedido a la juez Mercedes Alaya pronunciarse sobre la inhibición de la operación Madeja para su investigación en la Audiencia Nacional. Así lo explica la propia magistrada en un auto en el que resuelve precisamente uno de los recursos presentado por un imputado contra la fianza de responsabilidad civil que le fue impuesta en su día. A la hora de resolver este recurso Alaya explica que no debe dejar "pasar la oportunidad" para poner de manifiesto dos extremos.

En cuanto al primero, la instructora alega que desde que el Ministerio Fiscal informó sobre la competencia en un escrito que tiene fecha del pasado 26 de enero -es decir, han pasado ya cuatro meses-, "este juzgado no ha realizado en este procedimiento otra cosa que resolver los recursos de reforma, que obviamente han de ser resueltos, tras su tramitación por el órgano que los dicta, y tramitar los diferentes recursos de apelación, pues no olvidemos que en la causa constan más de 90 imputados, sobre la mayoría de los cuales se han dictado medidas cautelares".

El segundo extremo que Alaya aclara en el auto guarda relación con su competencia para investigar la operación Madeja. En este punto, la juez señala que de acuerdo con las normas de reparto entre los juzgados de Instrucción de Sevilla, este caso "sólo podía ser conocido" por su juzgado, dado que la norma 8.3 establece que los testimonios que se deduzcan ya en el curso de una investigación judicial, tras el auto de incoación de diligencias previas, "se los quedará el propio juzgado, no admitiéndose su envío a reparto", recuerda la magistrada.

Por todo ello, Alaya justifica el retraso en la respuesta a la petición de la Fiscalía, en los numerosos recursos presentados por las defensas de los 95 imputados. La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, pidió en ese escrito a la juez que se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional tanto por el número de imputados como por las provincias implicadas y el "notorio alcance" de los hechos investigados, que tienen una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional".

En la operación Madeja se investiga una presunta trama organizada para el pago de comisiones, sobornos o dádivas a funcionarios y cargos públicos a cambio de favores en la adjudicación de contratos con las administraciones públicas, y sobre esta instrucción la Fiscalía considera que se ha producido una "presunta vulneración de las normas de contratación de las administraciones públicas", si bien advierte de que aún no está cuantificado el "quebranto patrimonial que han sufrido las arcas públicas" como consecuencia de los pagos efectuados por Fitonovo a distintos funcionarios públicos. Por este motivo, la Fiscalía considera que es necesario encargar la realización de un informe pericial para determinar ese "quebranto patrimonial" causado en las distintas administraciones públicas afectadas por las mordidas que pagaba Fitonovo.

Lo que sí está cuantificado son las supuestas mordidas pagadas por Fitonovo que, según las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ascienden a unos 4,3 millones de euros. Esta importante cuantía de las comisiones, así como el mecanismo ideados para crear al contabilidad B o paralela de Fitonovo de la que salían las dádivas, determinan para la Fiscalía la posible "afectación a la seguridad del tráfico mercantil, con una importante repercusión en la economía nacional". Las Fiscalía añadía que esta investigación es una "macrocausa difícil de manejar pese al trabajo ímprobo de la juez de instrucción", por lo que reclamaba su envío a la Audiencia Nacional.

El auto en el que Alaya justifica el retraso en resolver la inhibición a la Audiencia Nacional acuerda, de otro lado, rebajar la fianza a uno de los imputados, Javier Muñoz Baragaño, de 810.414,52 euros a 270.138,17 euros, tras la reforma de la ley orgánica 5/2010, y todo ello "teniendo en cuenta que las cantidades percibidas por el imputado lo fueron entre los años 2011 y 2012".

La juez rebaja la fianza al funcionario Francisco Amores

La juez Mercedes Alaya decidió rebajar recientemente la fianza de responsabilidad civil impuesta al ex jefe de Parques y Jardines Francisco Amores, de 363.052 euros a 330.252 euros. en un auto, la instructora argumentó dicha rebaja en la modificación del Código Penal que entró en vigor el 22 de diciembre de 2010 y que afecta a la pena por el delito de cohecho, en el que se elimina la multa del tanto al triplo pero se incrementa la condena de prisión. Alaya reduce la fianza a 330.252 euros porque "las comisiones indiciariamente percibidas después de aquella fecha ascenderían a 12.300 euros", cantidad que se sumaría al triplo de 78.643 euros anteriores más el tercio legal correspondiente. En el auto, Alaya acuerda librar los oficios correspondientes para que se tenga en cuenta la rebaja en los embargos que se hayan trabado sobre este imputado. En otra resolución, la juez también decidió reducir a 214.547 euros la fianza de responsabilidad civil que se impuso a José María Pizarro, jefe de sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura. A este último imputado, la juez también ha accedido, en otra resolución, a minorar la obligación de comparecer ante el juzgado, que a partir de ahora será de una vez al mes. De otro lado, Alaya ha accedido a la petición de Ángel Manuel Macedo Gajete, administrador de la empresa Fiverde y coordinador de la Caja B de Fitonovo de la que salían las mordidas que se pagaban a los funcionarios, para que se alce la prohibición de salida del territorio nacional, si bien el imputado deberá comunicar al juzgado las "fechas de salida y reintegro", y en todo caso la medida está sujeta a la obligación que tiene de comparecer una vez al mes en la oficina de presentaciones del decanato de los juzgados de Sevilla y ante este órgano judicial "siempre que se le llame".