Alaya vuelve a procesar a Torrijos y a otras 15 personas en la causa de Mercasevilla

Exculpa a los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce de falsedad por una factura de la lonja

El ex concejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, en los juzgados.
El ex concejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, en los juzgados.
Jorge Muñoz

16 de diciembre 2014 - 05:03

La juez Alaya sigue corrigiendo su error en el sumario de la venta de los suelos de Mercasevilla. La juez acaba de dictar un nuevo auto en el que vuelve a procesar por el "concurso fraudulento" para la venta de los suelos de Mercasevilla a los ex ediles Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Gonzalo Crespo (PSOE), a dos ex gerentes de Urbanismo y a varios funcionarios de este organismo que se encuentran en la lista de 16 procesados, que también incluye a los ex directivos del Mercado mayorista Fernando Mellet y Daniel Ponce y a otros tantos funcionarios de Urbanismo.

No obstante, en el nuevo auto, que tiene fecha del 5 de diciembre pasado y que se produce después de que la Audiencia anulara su anterior auto de procedimiento abreviado -que dictó hace casi un año, el 20 de diciembre de 2013-, Alaya ha exculpado a Fernando Mellet y Daniel Ponce de una presunta falsedad en relación con los gastos de unas vallas publicitarias.

La nueva resolución de Alaya, que vuelve a dar un plazo de diez días a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de conclusiones provisionales, acuerda transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado que se sigue por delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, asociación ilícita y falsedad cometido por funcionario público en delito mercantil. El auto confirma el archivo de las actuaciones contra tres de los imputados, la ex directora del área de Contabilidad de Mercasevilla Pilar Giraldo Moreno y los técnicos José Manuel Ferrera Rimada y Alfredo Delmo Suárez, al estimar que "no existen motivos suficientes para considerar responsables" a estas personas de los delitos que se investigan.

La Fiscalía de Sevilla, que ahora tendrá que volver a presentar su escrito de acusación, había solicitado una condena de dos años de cárcel para el ex portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y para el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, pero acusó finalmente sólo a diez de los 16 procesados y exculpó a los ex gerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, así como a los funcionarios de Urbanismo Emilia Barrial y María Isabel Evans, al ex subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce y al arquitecto Alberto Balbontín.

La investigación de la causa por la venta de los suelos de Mercasevilla se inició a raíz de las diligencias previas abiertas por un delito de cohecho -que terminaron con la condena de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas-. Alaya ha investigado en esta causa la presunta preparación de un concurso público para la adjudicación de una opción de compra sobre la totalidad de los terrenos donde se encuentra ubicada la entidad Mercasevilla, con la "dirigida finalidad" de que la adjudicataria fuera la entidad Sanma, la misma que se habría subrogado con anterioridad en el derecho de superficie de la entidad Larena 98 sobre una de las parcelas de Mercasevilla, ante la imposibilidad de que dicha entidad pudiera construir unas naves.

La instructora considera que la "intención" de Fernando Mellet, y de los concejales Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Gonzalo Crespo (PSOE), así como Domingo Enrique Castaño -asesor del ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín- era llevar a cabo un "concurso fraudulento" que beneficiara "claramente" a la constructora Sanma (filial del grupo Sando), para lo cual se introdujeron dos cláusulas en el pliego del concurso, una de limitación al alza, que "penalizaba extrañamente las ofertas superiores sobre el precio de compraventa" con la que se conseguía un "efecto perverso" al penalizar las ofertas de mayor cuantía económica en beneficio de las inferiores, y la cláusula de titularidades previa, que primaba la titularidad de un derecho de superficie sobre los terrenos.

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