Seguramente el lector recordará que con un prominente trasfondo político (al concurrir Gobierno de la Nación y Comunidad autónoma con distinto signo) se amplió la extensión del Parque Natural de Los Alcornocales (2017). Para lo cual se ordenó a los técnicos de la Comunidad autónoma que redactasen un Plan con esa finalidad, aumentando la superficie en casi 6 mil hectáreas del Parque Natural ya existente.

Asimismo, cada vez más, si se quiere, siempre habrá algo que proteger en el medio ambiente (si no por motivos sobre la flora, recaerá en la fauna, o en el propio paisaje, …). Además, en materia de medio ambiente, la Junta de Andalucía goza de excelentes profesionales en la que prestan sus servicios, por lo que aquello que se les encargue tendrá un gran componente de medios y comprobaciones que lo arroparán de la mayor aparente credibilidad y objetividad a lo que germinó por una mera decisión política y nunca por una cuestión ambiental (siendo esto último lo que debía perseguirse como interés general).

De ahí, que solemos decir, en esta concreta faceta, que si a uno «le cae ese dardo envenenado» le resultará harto complicado, por no decir imposible, que se «libere» de la afectación que conlleva el que unos terrenos queden incluidos en el ámbito de un Parque Natural, y menos aún que se anule una ampliación de la superficie del mismo. Y ello con independencia de cuál fuese el brote por el que se ordenara su acrecentamiento.

A todo lo anterior, se debe añadir que si a uno se le encarga un asunto (aunque tenga esta complejidad) se quedará atónito y sobrecogido cuando lee en prensa que el Tribunal ha ratificado esa citada ampliación ante un recurso formulado por otros compañeros. El más difícil todavía.

Pues bien, hemos de pregonar que sí «sonó la flauta», y se ha conseguido que se declare la nulidad de esa ampliación, que como decimos no nació con una legítima finalidad de proteger medioambiente, sino para secundar una cuestión partidista política huérfana de real interés general que cobijar.