El polígono industrial Príncipe de Gales es poco más que una calle con unas cuantas naves. Las de la izquierda, según se entra desde Isla Mayor, dan todas a un canal por su parte trasera. Es el brazo de Los Jerónimos, un caño que llega desde el Guadalquivir y al que en el pueblo conocen como el Matadero. Hace años estaba, justo donde termina el brazo, el matadero municipal de Isla Mayor. El edificio todavía conserva su nombre escrito en unos azulejos, similares a los que se utilizan para rotular las calles.

Por el caño entraban las potentes embarcaciones semirrígidas con las que, por las noches, se traían miles de kilos de hachís desde el norte de África hasta este pequeño municipio de las marismas, epicentro del tráfico de droga por el Guadalquivir desde hace tiempo. Las enormes barcas, de hasta seis motores, remontaban el estrecho caño para alijar en un pequeño embarcadero situado a la espalda de una de las naves. Lo hacían con la connivencia de medio cuartel de la Guardia Civil de Isla Mayor, que cayó el día 2 de enero en una operación antidroga puesta en marcha desde Madrid por sus compañeros de Asuntos Internos.

Al final de la vía principal del polígono, si se gira a la izquierda, se llega a la orilla del caño. "¿Dónde van ustedes?", dice un hombre que trabaja subido en un andamio, junto a la fachada trasera de la nave. "Queríamos sacar una fotografía del embarcadero en el que descargaban la droga". "Lo siento, es que esto es una propiedad privada", dice el hombre, que se identifica como el dueño de la nave. Luego indica un lugar desde el que se puede ver el embarcadero desde la otra orilla, entre unos cañizos.

Unos metros más adelante, un hombre lava unas máquinas agrícolas, de las que se utilizan para el cultivo del arroz. Al ver a dos periodistas sonríe. "Me imagino por qué están ustedes aquí", dice, y habla mientras sigue trabajando. "¿No les han dejado hacer fotos allí? Es que esto es un pueblo pequeño y aquí nos conocemos todos. Yo caí en el año 2004, en la operación Hermandad", explica, y aunque dice que su historia es conocida, se niega a posar para la foto. "Ni de espaldas, que mi mujer me forma un lío, chiquillo".

Cuenta que estuvo en la cárcel durante casi cuatro años, y que empezó a cargar fardos de hachís desde que tenía 17 años. "Yo ganaba entre 8.000 y 9.000 euros por porte. No es un trabajo de una noche, ¿eh?, que llegan las gomas con dos o tres toneladas y hay que ir sacándolas en varias tandas, de doscientos o trescientos kilos cada una. A lo mejor un trabajo requería veinte noches".

Explica que ganó mucho dinero con la droga, pero que apenas podía gastarlo. "El problema del dinero es guardarlo. Como te he dicho, éste es un pueblo muy pequeño y, si yo no trabajo y me compro un buen coche, enseguida van a sospechar. Tenía que tener el dinero guardado sin poder gastarlo. Ahora ya he pagado por aquello y trabajo legalmente. Si gano mil euros, mil euros que me gasto", relata, y afirma que todos los jóvenes del pueblo que se dedicaron al hachís han terminado en la cárcel. "Todos. Ni uno nos hemos librado".

Cuando lo detuvieron habló con él Luciano, uno de los guardias civiles que ha caído en la operación antidroga del 2 de enero. "Me dijo que si no me daba vergüenza, teniendo una niña pequeña, dedicarme a eso. Ahora él está dentro y yo fuera. Mira las vueltas que da la vida. Él se compró una bicicleta de más de 6.000 euros y un piso en la playa... ¿con el sueldo de un guardia civil?". La siguiente pregunta ni siquiera la pronuncia. Viene sola a la mente. Si un simple porteador ganaba entre 8.000 y 9.000 euros por trabajo, ¿cuánto tenía que recibir un guardia civil para que hiciera la vista gorda?

La respuesta llegará cuando se levante el secreto de sumario. Luciano era el agente que más tiempo llevaba destinado en Isla Mayor. Natural de Zamora, se casó con una vecina del municipio arrocero y llevaba más de diez años en el cuartel. El resto de agentes, como mucho, llevarían un par de años, según aseguran algunos vecinos. Este periódico contactó con su esposa para que pudiera ofrecer su versión, pero ella declinó el ofrecimiento. También lo hizo su abogado el mismo día de la operación.

Otra familiar, sin embargo, sí dejó un comentario en Facebook tratando de limpiar la imagen del agente. "Quiero aclarar que Luciano no sólo tiene un sueldo de 1.800 euros, sino que además tiene los beneficios de 10 hectáreas de arroz que su suegro le cedió hace cinco años", explicaba la familiar. La mujer contaba que el guardia civil tramitaba muchos permisos de armas a cazadores. "El dinero lo utilizaba para sus caprichos, entre ellos la compra de una bicicleta para practicar el deporte que tanto le gusta. El coche no le costó 30.000 euros, sino la mitad, entre la venta de su antiguo coche y el significante descuento que le hacía la casa Nissan por ser guardia civil".

El mensaje añade que su esposa ha trabajado varios años en el Ayuntamiento de Isla Mayor, con contratos de seis meses, y además tiene su correspondiente prestación por desempleo. "También su padre vendió unas tierras en Zamora y le dio varios millones. Del apartamentito de la playa todavía se debe la mitad, y su casita fue de las primeras que se vendieron en la barriada y apenas sin reformar. Así que Luciano tenía más que suficiente dinero para tener un coche, una bici y un pisito en playa, y llevar el nivel de vida que llevaba", dice el mensaje, que aclara también que en el registro de la vivienda no se encontró nada sospechoso. "Ni se partió nada, fue un registro profundo pero organizado. Sólo se llevaron el ordenador y móviles viejos".

La familiar se queja de los comentarios que hay en el pueblo. "Todo está bajo secreto de sumario y nadie sabe nada, así que basta de tanta especulación y cotilleo. Cuando se juzguen y salga la culpabilidad de cada uno, entonces podréis hablar con informacion oficial. Dicho queda", concluye el mensaje.

Los comentarios y rumores parecen inevitables en un pueblo que aún sigue en estado de shock. El cuartel de la Guardia Civil permanece cerrado, aunque los vecinos aseguran que es ahora cuando más guardias hay en el pueblo. "Vienen de La Puebla varias patrullas". Nadie quiere salir con su nombre, nadie se presta a ser fotografiado, pero hablan sin que se les grabe. Todos coinciden en el daño que se ha hecho a la imagen del municipio. "Me duele. Ninguno de los detenidos en la operación es de aquí. Los guardias civiles son de fuera y los otros dos del poblado Alfonso XIII. Y aquí no se ha pillado nada. Sin embargo, el pueblo ha quedado marcado por esto, cuando la mayoría de la gente vive del arroz y del cangrejo. La película -La Isla Mínima- nos vino muy bien. Pero esto nos ha hundido".