La Audiencia acuerda que el contratista José Pardo cumpla prisión por las facturas falsas

La Audiencia de Sevilla ha ordenado el ingreso en prisión del contratista José Pardo García, condenado a tres años y nueves meses de prisión por el caso de las facturas falsas destapado en el distrito Macarena. Un auto de la Audiencia de Sevilla rechaza la petición de la defensa del empresario de sustituir las penas de prisión por una multa, petición a la que se opusieron la Fiscalía de Sevilla y la acusación particular que ejerció el Partido Andalucista (PA). En su resolución, que aún puede ser recurrida, la Audiencia considera que no procede la sustitución de las penas de prisión porque la trayectoria delictiva de José Pardo "denota peligrosidad y falta de estímulos reinsertadores", ya que el empresario había sido condenado -aunque las penas ya fueron canceladas- por delitos de coacciones, cohecho, hurto y conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas.

El auto esgrime varios argumentos más para rechazar el cambio solicitado, como por ejemplo que José Pardo no ha abonado aún la indemnización al Ayuntamiento de 5.901 euros por las obras pagadas pero que no fueron realizadas. El tribunal señala además que la defensa no ha aportado "ningún dato familiar o personal que justifique la concesión del beneficio", a pesar de que la sustitución de las penas constituye una solución "estrictamente excepcional".

El juez Francisco Gutiérrez, que presidió el juicio con jurado y que firma este auto, recuerda que el beneficio de la sustitución sólo se justifica en supuestos muy especiales en los que "las circunstancias del caso y del culpable hagan claramente contraproducente el cumplimiento efectivo de la pena de prisión impuesta, desde la perspectiva de los fines de prevención especial y de resocialización del delincuente".

El magistrado ha tenido en cuenta para rechazar la petición de la defensa la naturaleza de los delitos por los que fue condenado José Pardo -malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil-, unas infracciones que "son de especial gravedad desde el punto de vista del perjuicio causado a la colectividad, que mereció que el jurado popular desestimara no sólo el indulto sino la suspensión de las penas".

Por último, la resolución señala que si lo que se pretendía es sustituir por una multa una de las dos condenas y suspender la otra, el tribunal entiende que no es posible porque supondría "un fraude de ley". El contratista puede ahora recurrir esta decisión y evitar su ingreso en prisión. El otro condenado, José Marín, ingresó voluntariamente en Sevilla-I en abril pasado.