El debate sobre la restauración de la iglesia de Santa Catalina, uno de las joyas del gótico-mudéjar en Sevilla, está enquistado en la cuestión financiera. El Ayuntamiento dio hace unos meses un paso adelante poniendo a disposición del proyecto un millón de euros y la Junta de Andalucía exigió ayer al arzobispado, propietario del inmueble, que colabore en la misma proporción. Pero curiosamente ninguna de las dos administraciones ha saldado aún la deuda que tienen pendiente desde la primera intervención que se hizo en la iglesia, en virtud de un convenio firmado en 2008.

En concreto, según los datos aportados por la propia Junta de Andalucía, en el convenio para reparar las cubiertas de la iglesia el Consistorio y la Junta se comprometieron a pagar a medias el coste presupuestado, que se cifró en 807.300 euros. De esa cantidad, el Ejecutivo andaluz adeuda actualmente 93.000 euros, mientras que el Ayuntamiento debe todavía 210.000 euros, según la información que maneja la Consejería de Cultura. "Es hora de que el Ayuntamiento no se acuerde de Santa Catalina únicamente en fiestas de guardar y que pase de las palabras a los números", apuntó ayer Díaz Morillo, tras recalcar que la Junta ha dedicado a bienes patrimoniales de la Iglesia católica en la provincia de Sevilla 12 millones y, concretamente, a Santa Catalina más de 800.000 euros desde 1994, en la restauración de la capilla sacramental y las cubiertas provisionales y definitivas. Acto seguido garantizó que saldará la deuda pendiente "en poco tiempo" y urgió al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, a hacer lo mismo: "Que pague lo que debe".

La batalla se pierde entre cifras y gestos. Si el miércoles el Ayuntamiento adelantó que convocará una reunión a tres bandas en las próximas semanas, ayer la Junta recogió el guante pero puso también algunas condiciones a ese encuentro. En concreto, Díaz Morillo advirtió que se sentará a dialogar con el alcalde y el Arzobispado "sin ningún inconveniente" pero, eso sí, "bajo los parámetros de la corresponsabilidad tanto en la financiación como en el resto de las decisiones, tanto técnicas como administrativas, que deban acordarse".

Los números del debate político se cruzan con otra cifra: 3.000, los días que lleva cerrada a cal y canto la iglesia. Las protestas vecinales, a raíz de la creación de una plataforma ciudadana, avivaron la polémica y sirvieron para arrancar un compromiso político que tendrá que materializarse en los próximos meses.