El Ayuntamiento de Sevilla ha dado por primera vez una cifra concreta de las viviendas públicas de su propiedad que están vacías porque aún no se han adjudicado a ninguna familia. Según la Delegación de Urbanismo que también gestiona los pisos públicos de Emvisesa, no son las 528 que aseguraba esta semana la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, sino 350, y se encuentran "en proceso de adjudicación". El número es inferior al que daba la Junta, pero no menos importante si lo comparamos con la urgente necesidad de vivienda pública que ha generado la crisis.

"Es un número complejo ya que va variando a diario. Es decir, en estos momentos puede haber una familia rechazando o reservando la vivienda", responde la delegación que dirige Maximiliano Vílchez (PP) en respuesta a una consulta realizada esta semana por este periódico.

El Ayuntamiento no especifica desde cuándo están sin ocupar y sostiene que "son viviendas que se han ido quedando libres". Respecto a la lentitud de los trámites para adjudicarlas a nuevos inquilinos o propietarios responde que el proceso para volverlas a adjudicar "tiene un trámite que seguir y es la Junta de Andalucía la que instauró el sistema". Siendo eso cierto, parece claro que la gestión administrativa no va lo rápido que requiere la urgencia social.

Según el listado que entregó a la prensa la consejería de Fomento (IU), buena parte de estas viviendas municipales disponibles obtuvieron su calificación definitiva como públicas entre 2008 y 2009, mientras otras lo hicoeron entre 2010 y 2012. Son demasiados años para que sigan vacías habiendo tanta necesidad. Una menor cantidad fueron calificadas como tales en 2013, entre ellas los pisos de Nuevo Amate, levantados sobre el antiguo barrio de Regiones Devastadas.

Otro dato destacable que ha revelado Urbanismo es que de esta cifra de 350 viviendas por adjudicar, poco más de la mitad son en alquiler, la opción más asequible para los bolsillos más castigados, aun cuando Urbanismo admite que "en estos momentos se demanda más el alquiler que la compra". Exactamente son en alquiler 186: las 163 viviendas que el Ayuntamiento ha logrado cambiar de venta a alquiler en los últimos años y otras 23 viviendasde promociones específicas que se construyeron para ser alquiladas. El porcentaje se eleva pues al 53% del total.

El 47% restante corresponde a inmuebles en venta que no acaban de venderse nunca por el desierto de créditos bancarios que bloquean la posibilidad de las familias de adquirirlos. Y aquí radica una de las claves del problema de la vivienda en Sevilla capital. El gobierno local está tardando demasiado para cambiar al alquiler esas viviendas en venta que no tienen salida con las crisis actual.

Es evidente que estos 350 pisos de venta y alquiler dan para poco con los más de 12.300 sevillanos que están inscritos en el Registro de Demandantes de Vivivienda pública, donde se incluyen las clases medias y las menos pudientes. Lo peor es que tampoco bastan para cubrir la demanda de las 800 familias que, según el PSOE municipal, necesitan viviendas a bajo precio, las llamadas viviendas sociales.

El Ayuntamiento no ha solicitado por ahora a la Junta convertir en alquiler las viviendas de venta que le quedan. Su intención es hacerlo pero no dice cuándo lo hará. Desde la consejería de Fomento se asegura que el procedimiento para convertirlas es tan simple como que el Ayuntamiento haga los contratos y los presentar a la administración andaluza sin necesidad de cambiar la calificación de las viviendas. "Con los demandantes dispuestos a acceder en alquiler a las viviendas, el promotor está obligado a entregar a las delegaciones territoriales de Fomento y Vivienda los contratos de arrendamiento para su visado. Para llevar a cabo este procedimiento no es necesario realizar un cambio de calificación", explica la consejería de Fomento.

Con tres centenares de viviendas públicas por adjudicar y con trámites que se eternizan, la ciudad tiene un grave problema de vivienda pública al que no se le pone solución, al igual que sucede en el resto de la comunidad autónoma.

Desde la oposición municipal PSOE e IU reclamaban esta semana soluciones. El portavoz socialista, Juan Espadas, pide a Zoido que no se empeñe en querer vender las viviendas, sino en cambiarlas a alquiler social para atender la demanda. Desde IU, su portavoz, José Manuel García, le reclama que convoque un Pleno extraordinario de vivienda con medidas que palíen la grave situación de emergencia y necesidad. García ve "un escándalo mayúsculo" la cifra de pisos municipales deshabitados y lamenta que el alcalde "pretenda dar lecciones en materia de vivienda y de igualdad".

El abogado José Manuel Ramírez Mora, que defiende a afectados por desahucios, recalca que la venta de viviendas públicas es "inviable" mientras el arrendamiento, con o sin opción a compra, es lo mejor que "deben hacer posible los poderes públicos". Y pregunta que los ciudadanos se preguntan "cuándo estará disponible el parque de viviendas de los bancos".