Una sentencia da la razón a Contursa y obliga a la Cámara de Comercio a cumplir con el plan de liquidación de Fibes iniciado en junio de 2013, lo que supone que deberá abonar 1.585.350 euros más los intereses y las costas del proceso. En el fallo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Sevilla se desestima las causas de inadmisibilidad propuestas por la parte demandada y se admite el recurso contencioso formulado por la entidad Congresos y Turismo de Sevilla S. A. El coste será de unos dos millones de euros.

El proceso de liquidación de Fibes para su transformación en Contursa recibió el visto bueno por unanimidad en una asamblea general que se celebró hace seis años y medio bajo el mandato del popular Juan Ignacio Zoido. El 19 de marzo de 2014 se aprobó su plan de liquidación con los votos a favor del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla. El voto en contra fue de la Cámara de Comercio. En ese momento se acordó una distribución del patrimonio neto negativo de Fibes de 4,4 millones de euros, de los que 1.585.350 euros correspondían a la Cámara de Comercio. La misma cifra tuvo que abonar la Diputación, mientras que de las arcas municipales debían salir 1,2 millones. La clave en la disolución de Fibes estaba en que arrastraba una deuda de cerca de tres millones que tenían que afrontar las tres partes. El pasivo fue provocado por el descenso en el número de congresos y eventos y los altos costes de mantenimiento que tiene el Palacio de Congresos, especialmente su nuevo auditorio.

Tras el acuerdo con el Ayuntamiento, la Diputación no pagó su parte con dinero sino mediante un convenio con Contursa por el que cedía el arrendamiento de su parte del edificio antiguo para su gestión y explotación por ésta. Abonó alrededor de 800.000 euros que debía de la deuda de Fibes, mientras que los otros 700.000 euros contaban ya a su favor por los desembolsos para las obras de ampliación del recinto ferial.

Zoido creó Contursa para atraer actividades que potencien el turismo de congresos

En la memoria del expediente de constitución de la sociedad pública se definían sus fines: “Constituye el objeto social de la Sociedad el desarrollo de las actividades municipales relacionadas con la gestión y explotación del nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla que se concibe como una herramienta fundamental para la atracción de actividades que potencien el turismo de congresos, la promoción de actividades culturales de calidad, la promoción turística de la ciudad y el desarrollo de ferias comerciales, lo que beneficiará significativamente desde el punto de vista económico a la ciudad de Sevilla”. La memoria dedica un capítulo completo a justificar la creación de esta nueva sociedad como la fórmula jurídica idónea: “Se pretende la creación de un instrumento que proporcione agilidad en la gestión y seguridad jurídica”.

En una auditoría de las cuentas de la Cámara de Comercio elaborada en 2014 se manifiesta que “el pasado 19 de marzo de 2014 se aprobó el plan de liquidación de Fibes por la comisión liquidadora y la asamblea de dicha entidad, con los votos a favor del Ayuntamiento de Sevilla y de la Diputación de Sevilla, y con la oposición de la Cámara. Esta oposición se apoya en los argumentos defendidos en el dictamen encargado en su día al Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla D. Alberto Díaz Moreno y el Profesor Titular de la misma D. José Carlos Vázquez Cueto. En dicho dictamen se manifiesta que la Cámara no es responsable de las deudas de Fibes y, por tanto, no está obligada a hacerse cargo de la totalidad o parte de sus pérdidas o del déficit reflejado contablemente”.

El plan de liquidación de Fibes fue aceptado por los distintos grupos políticos en una sesión plenaria celebrada en febrero de 2015 y en el consejo de Contursa un mes más tarde. El 4 de septiembre de 2017 la Cámara de Comercio emitió un informe no reconociendo la cantidad que le correspondía asumir por ese plan de liquidación. Más tarde, Contursa presentó un recurso para pedir el cumplimiento de esa operación pactada. Ahora el juzgado ha emitido una sentencia dando la razón a la sociedad que explota el Palacio de Congresos de Sevilla Este y obligando a la Cámara de Comercio a cumplir con el plan de liquidación, por lo que debe abonar 1.585.350 euros más intereses y las costas del proceso. El fallo es recurrible.