Ante la falta de recursos asistenciales capaces de dar una respuesta eficaz a los casos más graves de enfermedad mental, un creciente número de estos pacientes terminan en la cárcel. La federación andaluza de familiares y personas con enfermedad mental Feafes ha vinculado los recortes en salud mental con los trágicos hechos de Dos Hermanas ocurridos el pasado 28 de febrero cuando un enfermo mental grave cometió un triple parricidio en pleno brote psicótico. Este enfermo de esquizofrenia no seguía el tratamiento y acumulaba un año sin atención psiquiátrica.

Se estima que el 40% de los reclusos sufren algún trastorno y sólo en la cárcel de Morón hasta 800 presos necesitan psicofármacos. En Andalucía, de los 16.200 internos, 1.298 sufren problemas mentales graves. Estos enfermos, que han dejado de recibir asistencia psiquiátrica externa, tienden a empeorar y a caer en drogodependencias y otras adicciones. El entorno de la prisión les aleja así de la reinserción.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz incide además en que, ante una disyuntiva marcada por la falta de recursos asistenciales eficaces, los jueces, aún reconociendo que se trata de enfermos, suelen optar por la condena para salvaguardar la seguridad. Chamizo alerta del creciente aumento de personas con trastornos o con discapacidad en prisión y recordó que en todo el territorio español sólo existen dos centros penitenciarios psiquiátricos ubicados en Sevilla y Alicante.

Durante la presentación del informe sobre la salud mental en Andalucía, Chamizo puso de relieve que "la asistencia psiquiátrica en los centros penitenciarios andaluces evidencia graves carencias, dado el alta tasa de prevalencia de estas enfermedades en los reclusos". Ante esta realidad, el Defensor Andaluz insiste en que "es urgente impulsar los convenios entre la Junta de Andalucía (Consejería de Salud y Bienestar Social) e Instituciones Penitenciarias" que permitían la asistencia psiquiátrica externa en las cárceles. Lejos de solucionar este problema endémico, la reforma del código penal en la que trabaja el Gobierno central llenará aún más las cárceles de enfermos mentales. El Defensor del Pueblo Andaluz se ha unido a las asociaciones de familiares, coordinadores médicos y fiscales en el Observatorio Andaluz de Salud Mental para tratar de frenar esta reforma. Los cambios que prevé el Gobierno permitirían la posibilidad de la prórroga perpetua, con revisiones cada cinco años, de los enfermos mentales graves en la cárcel si hay "evidencia de riesgo" a que cometan nuevos delitos. Con esta reforma las prisiones corren el riesgo de transformarse en nuevos manicomios, sin asistencia psiquiátrica.