No es capaz de elegir un Defensor para su universidad, pero sí de ponerse de acuerdo para rechazar con contundencia un Real Decreto. El Claustro de la Pablo de Olavide se unió este lunes al numerosísimo coro que en toda España entona su oposición a la modificación de las enseñanzas universitarias para posibilitar grados de tres años y posgrados de dos años, el famoso 3+2, frente al actual 4+1.

Si el pasado día 11 era el Consejo de Gobierno de la UPO el que aprobaba una declaración institucional para oponerse al Real Decreto 43/2015, ayer le tocó al Claustro, que se reunió también en sesión extraordinaria para aprobar por amplísima mayoría absoluta (62 votos a favor y sólo dos abstenciones) una declaración institucional en la que se desgrana en seis puntos las razones por las que no le gusta la reforma propuesta por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que, según el texto, "se ha tramitado desoyendo la voz de las universidades", especialmente las reiteradas quejas de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Siguiendo prácticamente al pie de la letra las críticas ya vertidas por distintas instituciones universitarias españolas, el Claustro de la UPO cree que el Gobierno central ha acometido esta reforma sin que apenas se haya tenido tiempo para evaluar cómo está funcionado en actual 4+1. "Hay evidencias de que países europeos están estudiando pasar los grados de tres a cuatro años", aseguran.

Tampoco está contento el Claustro de la Olavide con el hecho de que la medida sea voluntaria, según ha insistido en numerosas veces Wert, ya que la existencia de dos modelos constituiría "un riesgo real de divergencia entre las universidades españolas, con los problemas de movilidad nacional que ello supondrá".

En esta línea, también se critica que el decreto supone "encarecer los estudios", lo que "atenta contra la igualdad de oportunidades". Asimismo se concluye que "esta propuesta menoscaba la calidad de las enseñanzas de Grado al reducir los planes de estudio de éstos y favorecer contenidos excesivamente ambiguos". Finalmente concluye que el decreto "abunda en la descapitalización del personal docente investigador [...] La aplicación del Real Decreto hará peligrar, aún más, la calidad docente y la capacidad investigadora".