Condenas de hasta 7,5 años de cárcel por la trama del falso fiscal

La Audiencia de Sevilla ha condenado a cinco de los seis acusados en la trama del falso fiscal a penas de entre 15 meses y 7,5 años de cárcel, como integrantes de una banda de estafadores que se hacían pasar por fiscales, secretarios judiciales, jueces y peritos para ofrecer a una veintena de víctimas pisos embargados y vehículos.

La sentencia de la Sección Cuarta, que tiene una extensión de 181 folios, considera acreditado que los acusados falsificaron los documentos de supuestas adjudicaciones y los sellos de varios juzgados de Primera Instancia, y que de esta forma lograron defraudar 1,5 millones de euros entre los años 2009 y 2012, cantidad con la que los cinco acusados que ahora han sido condenados deberán indemnizar a las víctimas.

El tribunal ha condenado a los dos principales cabecillas, Pedro G. C., que y Manuel L. A. a penas de siete años y medio de cárcel, el primero, y a siete años, el segundo, mientras que Aitor I. A., sobrino del mítico boxeador Urtain, que se hacía pasar por miembro del Ministerio Fiscal -era presentado como Antonio el fiscal- y en otras ocasiones por secretario judicial, ha sido condenado a cinco años y medio de prisión. Otros dos acusado, Antonio Jesús C. R. y José Antonio M. R. han sido condenados a penas de cuatro años y nueve meses de cárcel, y a 15 meses, respectivamente.

La sentencia declara como hechos probados que Pedro G. C. y Manuel L. A. se concertaron antes de agosto de 2009 para "poner en marcha un procedimiento con el que enriquecerse a costa ajena", ofreciendo a personas interesadas en la adquisición de inmuebles (y ocasionalmente de automóviles) la "ficticia oportunidad de obtenerlos a un precio ventajoso, participando en inexistentes subastas judiciales de bienes judicialmente embargados, en las que, según se les diría, les sería adjudicado el bien en cuestión si les entregaban las cantidades que como valor de tasación les indicaran en cada caso" y que aseguraban devolver si no se concretaba la operación.

El fallo relata que para "implementar la puesta en escena necesaria al fin propuesto, Pedro G., que disponía, tras haber seguido un curso a distancia, de un diploma y una placa o carné que proclamaban su condición de perito tasador judicial, pero que nunca había prestado sus servicios como tal, haría valer esas acreditaciones para fingir que trabajaba para la Administración de Justicia, en estrecha colaboración con jueces y fiscales".

Por su parte, Manuel L. se encargaría principalmente de confeccionar en su ordenador supuestos documentos judiciales que aparentasen la existencia de los procedimientos de apremio, la recepción por el órgano judicial de las cantidades entregadas y, en su caso, la adjudicación final del bien deseado, documentos en los que "para mayor engaño" se estamparían sellos en tinta de los juzgados.