Tres años después de que el alcalde anunciase la suscripción de una operación crediticia por valor de 283 millones de euros para pagar bienes y servicios ordinarios, los socios de gobierno no han logrado ponerse aún de acuerdo. Es más, a día de hoy, con un adelanto a cuenta de 60 millones de euros ya gastados y a sólo tres meses de que caduque la prórroga de los plazos, el gobierno local de Sevilla aún no sabe qué hacer, si firmarlo o disolver toda la operación pese a que los gastos en abogados, agencias de rating, informes, aseguradoras y comisiones por la renegociación del crédito puente superan el millón de euros.

El delegado de Presidencia y Hacienda, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, avanzó ayer que el próximo 4 de junio vence el plazo para poder suscribir el macrocrédito, y que para entonces el gobierno debe tener decidido si sigue adelante con la operación o, por contra, reconfigura a largo plazo el pago del crédito puente.

Lo sorprendente es que después de tres años todavía no haya tomada una decisión al respecto, no sólo por la carencia de alguna que otra autorización administrativa y financiera, sino por la falta de voluntad del socio minoritario, IU, que no termina de ver con buen propósito este endeudamiento. El propio Celis lo reconoció ayer: "No sólo depende de la entidad financiera y del [visto bueno] del Banco de España, sino sobre todo del consenso político". El edil socialista dijo que se ha creado una comisión interna de trabajo encabezada por el vicepresidente de la agrupación de empresas municipales, Manuel Marchena, que también definirá la conversión de la Agrupación de Interés Económico en Corporación Municipal, con la integración, por lo pronto, de Sevilla Global en el grupo formado por Tussam, Lipasam, Emasesa y Emvisesa.

Para Celis, el macrocrédito obligaría a las cuatro empresas a repartirse el endeudamiento en la parte que le corresponda e implicaría un plan de reequilibrio presupuestario consistente en aumentar las transferencias municipales, reducir costes y tender hacia el ahorro neto positivo. "Ello es posible, tanto con macrocrédito como sin él; la diferencia está en invertir de modo descoordinado y puntual o enmarcado en un planeamiento conjunto de todas las empresas municipales".

Gómez de Celis tampoco quiso aclarar si la financiación de la ampliación del tranvía dependerá del macrocrédito: "Esta actuación no está relacionada con este préstamo, pero podría estarlo".

La última palabra está en manos de IU, que no ve claro el macrocrédito como tampoco la conversión de las empresas municipales en corporación pública, una especie de holding de empresas públicas que propugna el PSOE.

La negativa de IU al holding de empresas públicas impide, hoy por hoy, un macrocrédito con garantías. De ser la corporación pública en lugar de las cuatro empresas la que suscribiese el crédito alejaría definitivamente la sombra de la intervención de las cuentas locales por parte de la Junta, ya que el préstamo no tendría efecto en la deuda municipal. También impediría que la entidad bancaria interviniese en caso de problemas exclusivamente fondos y activos de las empresas rentables (Emvisesa y Emasesa).