La empresa de transportes de Sevilla (Tussam) pide disculpas a los ciudadanos ante la evidencia de que mañana y en Feria habrá huelga de autobuses y tranvía "y los ciudadanos lo notarán". El comité de empresa se ausentó ayer de nuevo a la mesa de negociación para evitar los paros, y es la cuarta vez que lo hace desde que el pasado 14 se inició el diálogo entre las partes en conflicto. El Ayuntamiento trabaja en buscar alternativas para que agilizar el trayecto de los autobuses.

El vicepresidente de Tussam, Guillermo Gutiérrez, compareció ayer ante la prensa para insistir en que se les abrió expediente a los ocho trabajadores que en su momento fueron identificados por la Policía como presuntos autores de destrozos en unos 200 autobuses municipales durante la huelga de mayo de 2007.

Gutiérrez negó que haya una sentencia de archivo de la causa penal contra los ocho conductores -pese a que la Fiscalía pidió el 9 de marzo al juez que archive el caso- y dijo que Tussam "no tiene interés" en imputar delitos ni que nadie "vaya a la cárcel". Según el directivo, la empresa sólo está personada para reclamar los daños, mientras la disciplina interna responde a que los que usaron "violencia" contra los autobuses "no salgan impunes".

Con respecto a los servicios mínimos fijados por la Junta, Gutiérrez explicó que se aplicará protección policial para garantizarlos y reiteiró que el Ayuntamiento no los recurrirá pese a que son "muy escasos".

Desde el comité de empresa de Tussam, su presidente Antonio Núñez (de la Agrupación Sindical de Conductores) anunció ayer que en el Pleno del organismo que se celebra hoy pedirá el apoyo para iniciar reclamaciones judiciales contra el vicepresidente de Tussam, Guillermo Gutiérrez, por injurias contra los ocho trabajadores expedientados por su presunta participación en los actos vandálicos durante la huelga de mayo de 2007.

Según indicó a Europa Press el propio Núñez, acusan a Gutiérrez de usar contra los empleados términos como "rompelunas" y añade que usarían la vía judicial contra todos aquellos que viertan acusaciones contra los trabajadores "cuando un juez y la propia Fiscalía han reconocido la falta de pruebas" para una acusación penal. Según el dirigente sindical, la directiva de la empresa "se cerró en banda" en el asunto de los ochos trabajadores expedientados, a pesar de que "dijeron que iban a negociar todos los temas". "Llevan demasiado tiempo para demostrar su culpabilidad y queremos que se respete su presunción de inocencia, como hizo el alcalde con el caso de las facturas del caso Macarena", añadió.

El comité de empresa recalcó su deseo de "que cojan a los culpables porque no se puede tener a los trabajadores un año con la espada de Damocles y un expediente abierto, ¿a qué esperan para despedirlos si tienen pruebas de que han sido ellos?".