La Noria

Cuentas que no salen

  • El Ayuntamiento, que en los últimos tiempos ha financiado centros de salud y el plan de comisarías, no obtiene del Estado y la Junta contraprestaciones en cuestiones como el mantenimiento de los colegios o la Ciudad de la Justicia

AL IGUAL que a veces, en las mejores casas, es preciso mirar debajo de alguna alfombra para averiguar cuál es la distancia real entre lo dicho y lo hecho, entre lo verdadero y lo aparente, a la hora de analizar cualquier acuerdo, sea éste político, económico o sentimental, resulta obligado tratar de calcular beneficios y sacrificios. Partes del pacto. En estas lides es aconsejable hacer números. No dejarse llevar por las sensaciones y por aquello que algunos llaman el pálpito. No hay acuerdo aparente que sobreviva a la aritmética, bien sea numérica o de otra condición.

En el Ayuntamiento de Sevilla rara vez se practica este ejercicio. Acaso se haga, pero probablemente se mantendrá en secreto, igual que esos vicios absurdos que cualquiera de nosotros tiene -una forma de rascarse, un estilo de caminar, cualquier guiño banal y absurdo; propio, auténtico- sin terminarse del todo de explicar. La cosa viene al caso del anuncio del plan extraordinario de inversiones para los centros escolares de Sevilla del gobierno municipal. Estos colegios, cuyo mantenimiento tiene encomendado el Consistorio, pero cuya construcción y gestión son competencia autonómica, requieren como mínimo de 7,4 millones de euros en inversiones, según las primeras cuentas oficiales. Pocos no son: casi un centenar de ellos necesitan algún tipo de renovación urgente.

El edil del ramo, Joaquín Díaz (PSOE), insinuó esta semana durante la presentación de dicho programa que espera que la Junta asuma al menos la mitad del dinero necesario para su ejecución. Su argumento: buena parte de las obras necesarias para tenerlos abiertos proceden de defectos de construcción. Cosas que en su día se hicieron mal y que hasta ahora no han hecho más que arrastrarse sin que nadie les ponga el mínimo remedio. El concejal socialista era realista a la hora de explicar sus expectativas en relación a las conversaciones con el Gobierno autonómico. "Me conformaría con lograr de la Junta un compromiso de al menos tres millones de euros".

Alguno se preguntará si esta cifra no implica demasiado dinero. O si no es una frivolidad que una administración pública reclame a otra unos fondos que, en teoría, deberían salir de sus bolsillos. Parte de sustento para pensar todo esto hay: el dinero de los impuestos se reparte de forma desigual entre los diferentes ámbitos de gobierno -local, provincial, regional y estatal; a veces incluso más- porque en teoría cada una de las instituciones públicas tienen que afrontar competencias complementarias. De ahí que el hecho de que un gobierno aparezca, con frecuencia, ante los ciudadanos como corto de fondos -para ciertas cosas nunca falta el dinero; para otras nunca aparece- viene a ser algo así como una especie de certificación indirecta de que sus gestores no terminan de dar la talla. Quien pide dinero, suele pensarse, es porque es una especie de manirroto.No siempre es el caso. En realidad, en Sevilla, en determinadas áreas ocurre lo opuesto: quien menos tiene suele ser quien más esfuerzos hace por intentar solucionar los problemas. En general, cualquier consistorio, y el sevillano no es una excepción, soporta una cantidad ingente de gastos superfluos: altos cargos, protocolos, consumos e insumos variados y unos sueldos que, en demasiados casos, están por encima del talento de quienes los perciben. Todo eso es cierto. Pero también lo es que cualquier consistorio es la administración que menos aportaciones recibe de las arcas públicas, que suelen ser generosas con las comunidades autónomas y muy rácanas cuando se trata del poder local. Incluso con este contexto, con menos medios, y dejando de lado los citados dispendios, lo cierto es que el Ayuntamiento intenta responder a un sinfín de necesidades que no le competen. Entre ellas se encuentra ésta de los colegios, que extrañamente requiere operadores institucionales distintos para poder andar cada día, al igual que en el caso de la Justicia, donde cada parte del proceso judicial depende de un político distinto. Sin contar el Campus Judicial. Paradojas del Estado autonómico que tanto se alaba. Y que tanto cuesta.

en una sola dirección

Vista la cosa con algo de perspectiva, la demanda del edil de colegios de Sevilla resulta de todo punto ridícula. Por lo ínfima. Aspirar pues a que la Junta aporte tres millones de euros para mejorar los colegios sevillanos es vana utopía. Si se tiene en cuenta que la ciudad financió al Gobierno andaluz hasta cinco de los diez nuevos ambulatorios que se planificaron hace tres años o el acuerdo con el Estado para la nueva red de comisarías, los números cantan: Sevilla ha ahorrado a la Junta 11 millones de euros que, sumados al acuerdo del Hospital Militar (28 millones), superan con creces el dinero que, por ejemplo, recibirá el Ayuntamiento para la ampliación del tranvía (30 millones). Dinero que ni uno ni otro se gastan en la ciudad. Al Gobierno central, de igual forma, le pagamos el edificio de la Gavidia más alto de lo que vale y le regalamos el suelo de las nuevas comisarías. Hasta 12,2 millones de euros salidos de una u otra forma de las arcas de los sevillanos. Ni siquiera esto ha servido para que todos estos equipamientos estén funcionando. El alcalde suele presumir de generoso. Pero la verdad es que las cuentas no salen. Los sacrificios sólo se hacen en una única dirección.

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