Un informe de la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento, fechado el 12 de noviembre de 2010, establece que si la corporación municipal procede en algún momento a la ejecución de los avales entregados por el conflicto abierto con Equipark, debido al retraso en la ejecución de los aparcamientos y la retención de las fianzas de 1.000 euros entregadas, debe contar con un embargo de unos 800.000 euros correspondiente al aval del lote III.

En el informe, el jefe de servicio administrativo de Tráfico y Transporte señala que en el registro tuvo entrada, con fecha 24 de septiembre de 2010, un oficio del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Sevilla en el que se ordenaba al Ayuntamiento la obligación de ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones del ente judicial la cantidad de 609.149,99 euros, más 182.745 euros en concepto de intereses y costas, "en virtud del embargo decretado contra el ejecutado Aparcamientos y Equipamientos S.L. (Equipark)".

Así, en el caso de que el Consistorio se plantease ejecutar los avales bancarios contemplados dentro del procedimiento de concesión administrativa de las obras de los parkings a la sociedad Equipark , hoy Resipark, tras un cambio accionarial, y utilizar este dinero para proceder a la devolución de las fianzas vecinales, tendría que restar esta cantidad al proceder conforme insta el juzgado.

Este informe se firmó seis días antes de que el Consistorio acordase un convenio con Equipark para la modificación de los contratos que permitía desbloquear seis parkings públicos de los 13 incluidos en los lotes II y III de la primera fase del plan, lo que se llevó a cabo a pesar de que el funcionario recomendaba, por los múltiples incumplimientos administrativos detectados, iniciar el procedimiento de resolución de contrato de concesión de obra pública para los aparcamientos de Cueva de la Pileta, Eva Cervantes y Plaza Rafael Salgado (Bami), con la ejecución de los avales. 

"Viciado de nulidad"

Y es que los otros cuatro aparcamientos incluidos inicialmente en este lote, Plaza Mayor, Plaza Árbol del Rey, Andalucía Residencial y Plaza de la Romeríam, contaban con un procedimiento "viciado de nulidad", toda vez que el Ayuntamiento había puesto a disposición del concesionario para la construcción terrenos que no eran de su titularidad, por lo que se instaba a la revisión de oficio del correspondiente acuerdo de Junta de Gobierno Local.

Respecto a la resolución, el informe recuerda que el órgano de contratación debe abonar al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la ejecución de obras efectivamente ejecutadas, que en el caso de este lote ascendería a 1,3 millones de euros, teniendo en cuenta, no obstante, el embargo existente.

En lo que respecta a la actual corporación, la Delegación de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento ha confirmado que ha elevado nuevas consultas jurídicas para estudiar, pese a todo, la viabilidad de acometer la resolución del contrato con la empresa, así como de poder restituir el dinero de las fianzas a los vecinos afectados.