Espadas no descarta personarse en el caso de la 'mafia del taxi'

Después de que el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, que indaga presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, haya ofrecido al Ayuntamiento hispalense ejercer acciones judiciales como perjudicado, el alcalde, Juan Espadas, cree que "tiene sentido" que la Administración local se persone en la causa judicial.

Mientras el juzgado ha ofrecido tal extremo al Ayuntamiento al incluir la investigación supuestas infracciones e incumplimientos de las ordenanzas y directrices municipales que pesan sobre la actividad de los taxis, Espadas ha explicado que "al haber perjuicios económicos constatables por informes del propio Ayuntamiento, tiene sentido que el Consistorio pueda estar en el proceso y personarse para reclamar como parte afectada".

Pero como ya media "una acusación pública" que ejerce la Fiscalía, según el alcalde, se ha encargado "un informe específico" al secretario general del Ayuntamiento, para que ante este caso y las situaciones similares rija "un criterio claro y técnico". "El Ayuntamiento tiene sus competencias y lo que diga el informe será lo que propongamos a la junta de gobierno para decidir", ha indicado.

En paralelo, ha defendido que en las diferencias incidencias y conflictos relacionados con el sector local del taxi, el Ayuntamiento ha sido "muy beligerante" ante cualquier incumplimiento y "todo lo que enturbie la imagen de la ciudad". "Actuamos en función de las competencias que tenemos y hasta donde podemos y no nos encogeremos de brazos ante situaciones que son inaceptables", ha asegurado, opinando que la causa judicial "podrá clarificar cuestiones de las que hace muchos años que se habla, pero que no se concretaban en sentencia o en responsabilidades claras".

El juzgado ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.

En las segundas diligencias figuran como investigados los principales responsables de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, con sede en el aeropuerto de Sevilla y cuyas instalaciones fueron objeto de un registro policial en junio de 2017.