En España no existe ninguna 'alerta ámbar' para actuar con desaparecidos

España carece de un sistema de alerta que permita una coordinación rápida y el inicio de la búsqueda de un menor desde las primeras horas en que se conoce su desaparición. Estados Unidos implantó con éxito la denominada ambert alert o alerta ámbar, un sistema de aviso urgente en los supuestos de desaparición de menores.

Con este programa, cuyo nombre tiene su origen en la niña de nueve años Amber Hagerman, que fue secuestrada y asesinada en Texas en 1996, se pretende movilizar el mayor número de recursos y dar la máxima publicidad a través de los medios de comunicación -principalmente radio y televisión- en el menor tiempo posible.

Los padres de esta niña asesinada fueron los que lucharon para que se instaurara un sistema de campañas públicas inmediatas desde el mismo momento en que se produce la desaparición. El sistema fue ampliándose desde Texas a otros estados de Estados Unidos y desde 2003 se aplica en todo el país, lo que ha permitido recuperar en este periodo a varios centenares de niños secuestrados.

La alerta ámbar sólo puede declararla la Policía y consiste en facilitar de la forma más rápida una descripción completa del menor desaparecido y hacer llegar la información al público de manera inmediata. En la descripción que se facilita del menor se incluye una fotografía actual y cualquier dato que pueda contribuir a identificarle: por ejemplo si tiene alguna identificación que lo caracteriza o lo distingue de otros niños, o si tiene cicatrices o marcas de nacimiento. En esa alerta también aparecen, si se dispone de ellos, los datos de la persona que ha podido llevárselo o del vehículo donde fue raptado.

En los casos de desapariciones de menores de edad, el tiempo es un factor crucial para poder recuperarlo. Las 48 horas siguientes a la ausencia del niño son las más importantes para el curso de la investigación, puesto que después de este tiempo las posibilidades de que la persona sea localizada con vida o encontrada son mucho más escasas. De ahí la trascendencia de que la descripción del desaparecido sea trasladada a la opinión pública con celeridad.

En el caso de personas adultas, el protocolo es algo diferente, puesto que, al tratarse de mayores de edad, cabe la posibilidad de que se hayan marchado voluntariamente sin comentar a nadie su paradero. De ahí que, por lo general, y salvo que haya indicios de que el adulto ha sido secuestrado, para que se le considere desaparecido debe transcurrir un plazo mínimo de 24 horas. A partir de ese tiempo, es cuando se inician la investigación para tratar de localizar a esta persona. En el caso de Marta, la instauración de un sistema de este tipo no habría logrado lamentablemente el hallazgo con vida de la menor, pero quizás hubiese ayudado a esclarecer el caso de una manera más rápida.