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Facua Sevilla ha expresado su "profundo rechazo" a la propuesta anunciada por el alcalde, José Luis Sanz, de cerrar un espacio público y abierto como es la Plaza de España y cobrar entrada a los turistas. Esta decisión representa "un paso atrás en la concepción de la ciudad como un lugar abierto para el disfrute de la comunidad". La asociación ha mostrado su preocupación ante este "nuevo giro hacia la privatización, ya evidenciado con el cobro por la entrada al Patio de los Naranjos de la catedral o con la ordenanza de veladores".
Asimismo, destaca la importancia de preservar espacios emblemáticos de la ciudad como la Plaza de España, y apuesta por evitar su utilización para macroeventos que pueden generar deterioro y causar daños al patrimonio. Medidas como la que ahora plantea Sanz contribuyen a transformar la capital hispalense hacia un modelo que bien podría compararse con un parque temático, alejándose de su esencia como un espacio compartido por todos.
Facua Sevilla aboga por la implementación de medidas más generales que permitan abordar el mantenimiento de bienes turísticos y contribuir al sostenimiento de los servicios públicos necesarios para dar una cobertura adecuada tanto a sevillanos como a visitantes. En este sentido, la organización propone la implantación de una tasa turística que, de manera global, sea una herramienta para el cuidado de espacios y la financiación de servicios públicos.
La implantación de una tasa turística permitiría al Consistorio hispalense obtener una mayor recaudación que se podría destinar a contrarrestar el impacto y el sobrecoste que genera el turismo en materia medioambiental, de ocio o de limpieza. Asimismo, cobrar una cantidad por persona/día podría ayudar a frenar la proliferación de apartamientos turísticos y, con ello, la escalada de los precios de compra o alquiler de vivienda en la ciudad.
La asociación lamenta que el Ayuntamiento de Sevilla plantee el cerramiento de la Plaza de España sin antes haber hecho un estudio pormenorizado de cómo afectaría dicha decisión a la población en su conjunto, ni cuál sería el impacto económico real de llevar a cabo una decisión de este calado.
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