El futuro del ficus está trazado. Las intenciones del gobierno municipal pasan por hacerse cargo del centenario árbol de San Jacinto con carácter permanente y valora si se puede recuperar como espacio público la zona de la parroquia de los Dominicos donde se ubica el ejemplar cuya tala, iniciada por la iglesia al ser dueña del árbol y de los terrenos, ha sido paralizada por un juez.

Desde el Ayuntamiento reconocen que van a intentar mantener el ficus una vez que las partes enfrentadas (la parroquia y la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza) se han dado un plazo de tres meses para alcanzar un acuerdo. Sobre la licencia para la tala, el alcalde de Sevilla volvió a insistir la semana pasada en que con los informes de los que disponía la Gerencia de Urbanismo “no cabía otra solución”. Antonio Muñoz ha pedido que “se digan las cosas que se hacen bien” en materia de Parques y Jardines, incidiendo en que se plantan una media de 5.000 ejemplares al año.

Hace una semana que el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 9 de Sevilla paralizó durante 60 días el proceso judicial por la tala del ficus de la Iglesia de San Jacinto, tal y como solicitó la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza. Un decreto de la letrada de la Administración de Justicia de este juzgado recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que será acordada “siempre que no perjudique al interés general o a tercero, y que el plazo de suspensión no supere los 60 días”. En el presente caso, señala el decreto, “no se desprende” que haya un perjuicio para los intereses mencionados, por lo que procede la suspensión durante 60 días, advirtiendo a las partes que el procedimiento se reanudará “si lo solicita cualquiera de ellas”.

La paralización del proceso se produce después de que el juzgado acordara, a principios de septiembre, la suspensión de la tala. El auto, que estimó la petición realizada por la AMJA contra este apeo, ordenaba a la Gerencia la “adopción de cualesquiera medidas sean necesarias para la seguridad de las personas y bienes durante todo el periodo de tramitación del recurso contencioso-administrativo”.