Una vía que se abre a la posible absolución del ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos. La Fiscalía de Sevilla aclaró ayer que el delito societario que le atribuye de manera alternativa a los diez acusados por las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla estaría "prescrito" en el caso de Antonio Rodrigo Torrijos. En la decimosexta sesión del juicio, las defensas de los diez acusados elevaron a definitivas su petición de absolución y plantearon para el "improbable" supuesto de que haya una condena que se aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, al entender que la instrucción de esta causa, que la juez Mercedes Alaya inició en 2009, sufrió dos paralizaciones injustificadas de hasta un año de duración cada una.

La aclaración del Ministerio Público se produjo a instancias de la propia juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, cuando iba a exponer sus conclusiones definitivas la abogada Encarnación Molino, que representa a Antonio Rodrigo Torrijos. Antes de que la defensora pudiera plantear la prescripción del delito societario, la magistrada se dirigió al fiscal del caso, Juan Enrique Egocheaga, para preguntarle si consideraba que ese delito que de manera alternativa imputa a los diez acusados lo mantenía también para el ex primer teniente de alcalde.

La defensa de una funcionaria critica la "tardanza inexplicable" de un atestado

El fiscal, que en la segunda sesión del juicio -celebrada el pasado 19 de febrero- ya reconoció que ese delito estaría prescrito en el caso de Torrijos, al que en ese momento no le imputaba ese delito, ratificó esta postura ante la pregunta de la magistrada, lo que se suma a la retirada de los cargos contra este ex concejal que se materializó en la sesión del pasado jueves por parte de la acusación particular que ejerce la asociación de mayoristas de frutas, verduras y hortalizas.

Se trata, en cualquier caso, de una calificación alternativa, dado que el Ministerio Público mantiene como cargo principal la atribución a Torrijos y a los otros nueve acusados de un delito de fraude y exacciones ilegales, por el que reclama una condena de dos años de prisión para cada uno.

La abogada de Torrijos, que llevaba preparado incluso el "minuto" exacto del vídeo del juicio en el que el fiscal admitía la prescripción del delito societario, mostró su "confianza absoluta y total en la inocencia" de su cliente, si bien, al igual que el resto de las defensas, solicitó por motivos formales la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el supuesto de que hubiese una condena.

En la misma línea se pronunció el abogado José Manuel Carrión, que representa al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, quien mantuvo la "inexistencia" de los delitos que se atribuyen al ex directivo de la lonja y quien además cuestionó que "no existe prueba pericial alguna sobre el daño causado", que la acusación particular que ejerce la empresa pública cifra en 25 millones.

La defensa del ex director de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño solicitó igualmente la absolución y, en el "improbable supuesto" de que el fallo no fuese absolutorio, que se aprecien las dilaciones indebidas y también la atenuante muy cualificada de "cuasi prescripción del delito societario".

El abogado Miguel Villegas, que defiende al ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Gonzalo Crespo, precisó que en el supuesto de que la juez considerase que el ex edil "tuviera algo que ver y algo que reprochársele", sería aplicable en su caso el "error invencible" respecto a la ilicitud del hecho, o subsidiariamente, el "error vencible" que convertiría la responsabilidad penal en imprudente, además de las reiteradas dilaciones indebidas.

El letrado Jorge Piñero, que se representa a sí mismo en el juicio -está acusado por su etapa como asesor jurídico de Mercasevilla y su intervención en la elaboración del pliego de condiciones- solicitó su libre absolución, rechazó los hechos y la comisión de cualquier delito, incluso el introducido "ex novo" por el fiscal, y se pronunció "con todo el dolor de su corazón" respecto a que aunque "no espera condena" sobre la posibilidad de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas y la posible reducción en un grado de la pena porque en su caso tendría que ser considerado "cooperador" y no autor del delito.

Los empresarios de Sando también solicitaron la absolución, al igual que la defensa de la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante, representada por el letrado Miguel Cuéllar, que rechazó la calificación alternativa del Ministerio Público por el delito societario porque entiende que su cliente "ni ha abusado de sus funciones propias en Mercasevilla ni ha causado un perjuicio económico a los socios o a la entidad", por lo que concluyó que en este proceso se ha producido una "quiebra del principio acusatorio".

Sobre la atenuante de dilaciones en la "hipótesis de que haya una sentencia condenatoria", Miguel Cuéllar recordó que la tramitación de la causa ha tardado más de siete años y en la misma se han realizado "amplias investigaciones prospectivas" como en el caso de los responsables de la Gerencia de Urbanismo que acabaron en el sobreseimiento de la causa contra ellos, al tiempo que criticó la "tardanza inexplicable" de la Guardia Civil en la realización de un atestado casi un año después de que Mercasevilla entregara una serie de correos electrónicos.

Por último, el economista José Antonio Ripollés pidió igualmente la libre absolución y que se aplique en una hipotética sentencia condenatoria la atenuante de dilaciones indebidas y la reducción de la pena en caso de que se le considerase cooperador del delito.

El juicio continuará el próximo martes con el informe definitivo del fiscal y de las acusaciones particulares, así como el de las dos primeras defensas, en una sesión que la juez ha advertido que será "maratoniana" y que podría prolongarse hasta la tarde.